Por Trivia Demir

Cierra la primera semana neta de 2020 con una provincia donde los tiempos y los hechos parecen dispararse con una aceleración exponencial. Proporcional por supuesto a la incertidumbre que genera tal alud de posibilidades permanentes. El lunes por ejemplo no se sabía cuándo el gobierno de Mariano Arcioni podría cancelar los aguinaldos y ya tenía vencidos los sueldos de diciembre. Volvía de una gestión en Nación, donde oficialmente confirmaba un ´ni´. Un día después le anunciaban un adelanto de Coparticipación por Boletín Oficial y lograba depositar y cancelar aguinaldos, pero no sueldos. Ayer mismo se supo que se aplicaría un escalonado diez días después de comenzado el mes, o sea que algunos rangos salariales terminarán cobrando diciembre en febrero.

El debate del momento

En ese candombe interminable de acreencias y desfinanciamiento, la política sigue circulando por un segundísimo plano, al igual que la planificación. Sólo el tema recurrente que afloró en el escaso relax estival tiene que ver con el debate minero, que comenzó a abrir aguas en los dirigentes. Por un lado dicen que desde Nación le han pedido al gobernador que ´apure el tranco´ para evaluar emprendimientos sustentables y conseguir recursos. Pero por otro afirman que es la propia provincia la que pretende insistir con los proyectos extractivos. Es cierto que a partir del conflicto en Mendoza irrumpe la oportunidad para definir otra política de explotación de los recursos naturales no renovables. Pero hay muchos interrogantes sin mínimas hipótesis aún como para una avanzada. ¿Es posible una minería sustentable? ¿Es posible en Chubut explotaciones sustentables y mixtas con participación nacional?
Dicen que el desafío que tiene el gobierno es crear instituciones y procesos que permitan construir un acuerdo social que sirva de base para el desarrollo de la actividad de manera sustentable. Y si bien la minería puede ser plataforma de desarrollo de otras actividades dinámicas, como las de conocimiento, con un gran potencial exportador, también lo es que en estos territorios donde hay más exfuncionarios procesados que impolutos, hablar de actividades potencialmente peligrosas que deberán ser controladas desde el Estado, genera de por sí, alergias extras.

La insistencia del poder

Esta semana, apenas a días de las manifestaciones populares en las principales ciudades chubutenses por el ´efecto Mendoza´, el secretario general de Gobierno, Carlos Relly salió a levantar la bandera extractiva, y no dudó en describir a la minería como un eje transversal para Arcioni. En una entrevista concedida a Canal 4 de Esquel, Relly planteó un interrogante frente a la posibilidad de prohibir la minería en toda la provincia: “Imagine a Chubut sin que haya extracción petrolera, sin que haya pesca, sin que esté Aluar. (sic) Es una obligación de los estados libres y soberanos usar sus recursos para crecer en el contexto social”. El dirigente comodorense recordó que Chubut “tiene 112 años de extracción petrolera y producto de eso han crecido ciudades, se han hecho viviendas, colegios e infraestructura”. Y agregó que el debate se realizará “de cara a la sociedad” y transparentó que Arcioni será quien “lo va a plantear” a la vez que afirmó que “Chubut está preparada para estos controles. Que no le queden dudas de que el Estado está en condiciones de controlar la minería y el petróleo es un ejemplo”, insistió.
En tanto, el establishment comenzó a posicionarse en las diferentes veredas. Los intendentes también. Adrián Maderna por ejemplo que tiene en Trelew un páramo de desempleo difícil de remontar, se mostró proclive a intentar la zonificación. Sin embargo no tardaron sus diputados en pararse en la vereda contraria, tal vez hasta que aparezca un puente de entendimiento.
En Madryn, donde la licencia social está atada al paisaje y a la valoración de la naturaleza no parece tan fácil un posicionamiento político rígido. Por el contrario el intendente Gustavo Sastre ya salió a decir ayer por redes sociales, por si quedaban dudas, que “La provincia no está en condiciones de afrontar ninguna acción que tenga que ver con la minería”. Un comentario que le significó un oleaje de mensajes coincidentes y masivas simpatías de vecinos antimineros. Pero también un comentario con sentido de oportunidad. Ya que en ese momento una manifestación social se apersonaba en la puerta de la casa de su hermano y vicegobernador, Ricardo Sastre, que los recibió y reforzó la idea de no estar dadas las condiciones para la modificación de la Ley 5001 que actualmente prohíbe la minería en Chubut.
El tema amaga con ser el gran debate del verano en la provincia, por un lado impulsado oportunamente en medio de los apremios económicos y financieros que se viven, y por otro como humo casi bendito ante la falta de debate de otros temas que desde la cúpula del poder prefieren que no se toquen demasiado. El discurso provincial se abona en las visiones desarrollistas tradicionales que suelen menospreciar el valor de un ambiente saludable, y centran su análisis exclusivamente en el impacto en término de generación de ingresos, empleo o divisas de los diversos proyectos. Con la salvaguarda incluso que lo que se pretende impulsar está en una zona ´de sacrificio´ sin otras posibilidades productivas inmediatas.
En contraste, las nuevas visiones del desarrollo basadas en el buen vivir, consideran vivir en un ambiente sano tan o más relevante que tener un auto o salir al cine. El hecho de que no tenga un precio de mercado transable, no le quita valor en términos de bienestar para la vida. En ese sentido, el grueso de la ciudadanía no duda que el impacto ambiental de los proyectos productivos debe ser tomado en consideración a la hora de evaluar su conveniencia.

La coyuntura de la escasez

El tema es que no se ate la malaria a la elección de vida sustentable. Un hecho de la realidad es que el panorama económico y financiero de las provincias hace rato que cambió, y para mal. Y este nuevo año se presenta mucho más difícil para todas con dos temas calientes: vencimientos de deudas en dólares y discusión salarial. Conforme a un «semáforo fiscal» para 2020, elaborado por el instituto Ieral, de la Fundación Mediterránea -a partir del peso de los vencimientos de deuda y el ahorro corriente-, se encienden luces rojas, principalmente, para Buenos Aires, Chaco, Chubut, Jujuy, Neuquén y Río Negro. Con el mismo parámetro, las más aliviadas son Catamarca, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. En un tercer grupo, existen casos como los de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Mendoza y Tierra del Fuego, en que resultan pesados los servicios de la deuda, pero los gobiernos locales cuentan con alto ahorro corriente para poder afrontarlos.
Lo que está claro, según un análisis de varios expertos, es que ninguna jurisdicción está totalmente «aliviada». Santa Fe, por ejemplo, reorganizó el cronograma de pagos de salarios de este mes para poder cumplirlo. La caída de la coparticipación y de la recaudación propia en 2019 por la recesión -la excepción fue Neuquén por los mayores ingresos de Vaca Muerta- es la clave en el nuevo escenario, en el que queda escaso margen de recorte, salvo que se avanzara por el empleo público, impensable en un año que se presenta complejo.
La obra pública ya fue víctima del ajuste, tanto la financiada con recursos propios como la que dependía de transferencias de la Nación y ese esquema sigue vigente este año. Por eso la mirada está en cómo se negociarán salarios; la cláusula gatillo es un formato de lato riesgo.
Nadín Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), señaló sin eufemismos que «Hay algunas jurisdicciones más comprometidas que otras en 2020, pero ninguna está holgada», describió el especialista.
Marcelo Capello, especialista del Ieral, coincide con que habría una mejora de ingresos, «muy probablemente por arriba de la inflación», aunque también habrá «restricciones» vinculadas con su situación fiscal de partida y con los servicios de deuda. Para los gobernadores es clave contar con un «paraguas» nacional. El país no tiene dólares y las reservas que se generen serán absorbidas por el Tesoro nacional; las provincias no tienen cómo adquirir divisas, por lo que se espera un primer trimestre muy difícil.
El peso de la deuda en las provincias -según la consultora Elypsis- pasó del 31% al 52% de los gastos totales entre 2015 y 2018. Los intereses en el mismo período escalaron de 1,5% a 5,2% del global de erogaciones. Ocho distritos – Chubut, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Santa Fe y Tierra del Fuego- tienen la totalidad de sus bonos en dólares. Y anticipa que «Muy probablemente, al menos las más comprometidas intentarán plegarse a la renegociación de la deuda nacional», dice Capello. Y es probable que para esa renegociación existan algunas condiciones como por ejemplo la avanzada con las extractivas. Habrá que ver…