El Gobierno convocó a sesión extraordinaria para tratar una batería de medidas de Reestructuración del Estado que busca incrementar los ingresos y avanza en una fuerte presión fiscal para el sector pesquero. Duplicarían el canon de extracción, pero excluyen a Rawson del cobro del Fondo Ambiental. Desde Madryn advierten que esas inequitativas medidas impulsadas perjudicarán las descargas pesqueras en ese puerto, incluso llegando a afectar las inversiones y poner en riesgo fuentes de empleo.
El flamante subsecretario de Pesca, Gabriel Aguilar, en sus primeras declaraciones públicas como funcionario salió a criticar la convocatoria del intendente Gustavo Sastre que reunió a diputados de Madryn de todo el arco político, e hicieron causa común rechazando enérgicamente las reformas a la legislación pesquera por considerar que tienen la intencionalidad de perjudicar al sector pesquero madrynense.
Aguilar es abogado del SUPA y llegó a la Secretaría de Pesca, como segundo –por ahora- de Adrián Awstin, de la mano y respaldado por la Cámara de la Flota Amarilla de Rawson.
La batería de medidas incluía originalmente una “nueva Ley de Pesca” que había sido redactada íntegramente por el empresariado de la flota de Rawson, que contenía la asignación de permisos experimentales en definitivos sin mayor trámite, un avance sobre el Área Interjurisdiccional de Esfuerzo Pesquero Restringido, y una modificación del esquema de reemplazos y transferencias; un traje a medida para un grupo de empresarios que aportaron a la campaña de Mariano Arcioni. El polémico proyecto pretendía ser incluido en la ley ómnibus y que sea aprobada en un trámite express, pero a última hora y ante la fuerte resistencia política no solo de la oposición, sino de diputados del propio oficialismo, Arcioni decidió que se no se trate, por ahora.

Madryn resiste el embate

El posicionamiento de todo el arco político de Puerto Madryn, con el intendente Sastre a la cabeza, hizo que también el gobierno diera marcha atrás con la insólita propuesta de crear una empresa pesquera estatal, asociada con privados y que pretendía ser una reguladora de la actividad.
Otra de las resistidas medidas que pretendía el Poder Ejecutivo que se tratara en una sesión extraordinaria era el otorgamiento de cinco permisos de pesca a través de un mecanismo de subasta pública “al mejor postor”. La propuesta, por ahora en stand by, planteaba autorizar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Pesca de la Provincia del Chubut “a otorgar cinco (5) permisos solidarios para operar con embarcaciones previstas en el artículo 3° inciso b) de la Ley IX N° 75, correspondiente a Fresqueros Costeros y/o Rada Ría, Flota Amarilla”. Los “permisos solidarios” saldrían a remate con la base de dos millones de dólares por cada licencia, y lo recaudado sería destinado en un treinta y tres por ciento (33%) a la construcción y/o refacción de Escuelas; treinta y tres por ciento (33%) al pago de la Deuda con el ISSyS y el treinta y cuatro por ciento (34%) a Rentas Generales de la Provincia del Chubut”, que traducido en otros términos irían para el pago de sueldos de la administración pública.

Inequidades

Con todo, la mayoría de estas propuestas de reforma de la legislación pesquera tienen su origen en el entorno de la flota amarilla de Rawson, y desde el sector pesquero de Puerto Madryn advierten que hay una intención de monopolizar el control de la administración pesquera provincial, y en ese marco, es que todos los legisladores oriundos de la ciudad del golfo, independientemente de la extracción política, acordaron abroquelarse en defensa de los intereses de la industria y el mantenimiento de las fuentes de empleo.
«Acá no se trata de quitarle a uno para darle a otro, deberíamos estar hablando de beneficios que sean equitativos para todos», dijo el intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre quien reunió a los diputados provinciales para plantear la postura de la ciudad portuaria.
“Así como está, no es viable”, remarcó. “No estamos hablando de una repartición equitativa para todas las ciudades. Le están quitando a localidades como Madryn, para darles a otras. Y no solo no recibimos los mismos beneficios, sino que además tenemos más imposiciones”, consideró el jefe comunal.

La respuesta oficial

Este viernes, a través de un comunicado oficial del Gobierno, el flamante Subsecretario de Pesca, Gabriel Aguilar, salió a cuestionar la postura esgrimida por los madrynenses. El funcionario provincial remarcó que “claramente todo el arco político debería estar de acuerdo, porque son beneficios para todos los sectores. Además, ya hay que detallar que los barcos o la flota que está trabajando en el Puerto de Madryn no son barcos de acá, son en su mayoría de Mar del Plata”.
“El error viene por cerrarse a posiciones que no aportan ni ayudan para que Chubut salga adelante”, criticó Aguilar sobre la postura de los legisladores madrynenses.
El arribo del abogado del SUPA a la cartera provincial de Pesca vendría de la sugerencia de la flota amarilla, y podría hacerse cargo de la Secretaría, en caso que finalmente Adrián Awstin acepte ser representante del Poder Ejecutivo Nacional dentro del Consejo Federal Pesquero, ofrecimiento que ya tuvo por parte del actual Subsecretario de Pesca de la Nación, Carlos Liberman.
El gobierno provincial retiró, en esta instancia, los proyecto de la Nueva Ley de Pesca, el remate los cinco nuevos permisos de pesca de la flota amarilla, y la creación de una empresa pesquera de economía mixta, pero solo sería una postergación, ya que esperarían otro momento para reimpulsarlos.

Rawson no paga

No obstante, hay algunos proyectos que provocaron ciertas dudas y cuestionamientos por parte de los legisladores que tendrán que analizar y votar si le dan la derecha o no a Arcioni. Puntualmente, dentro del plexo normativo que intentará aprobar el Gobernador hay un proyecto de ley que fue elevado mediante Nota Nº02 GR que prevé modificar el Fondo Ambiental Provincial (FAP), que actualmente está contemplado en la Ley I-658.
Vale recordar que esta norma fue sancionada por primera vez el 17 de abril de 2018, cuando los diputados de la conformación anterior de la Legislatura aprobaron la Ley I-620. Específicamente, la misma contaba con dos objetivos globales: la preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales y la reparación de daños generados al ambiente.
Con el correr de los meses se fueron modificando algunas cuestiones y el 16 de mayo de 2019 se sancionó la Ley I-658, que se basó en la norma mencionada anteriormente, pero con algunas modificaciones puntuales. Uno de los ítems que se modificó fue el parámetro que se iba a tener en cuenta para la erogación en cuestión.
La novedad ahora pasa por las excepciones establecidas por el propio ordenamiento jurídico. En un principio se estableció que el canon en cuestión debía ser abonado por los barcos que desembarquen en todos los puertos de Chubut.
Ahora, dentro del paquete de proyectos que Arcioni envió al a Legislatura para que sean tratado en la sesión del próximo miércoles 29 de enero se solicitó que también quede afuera del FAP el puerto de Rawson, beneficiando de este modo exclusivamente a la flota amarilla. En un escueto proyecto que cuenta con un solo artículo se pide modificar el cuarto ítem de la Ley I-658, estableciendo que el mismo quede redactado de la siguiente manera: “Artículo 4º.- Exceptúase de lo nombrado por la Ley Provincial I-620 y sus modificatorias al puerto de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rawson”. Otro traje a medida de unos pocos y que va en contra de los intereses de Puerto Madryn.