La decisión de Alberto Fernández de prorrogar el Presupuesto Nacional 2019 tras recibir el poder de manos de Mauricio Macri mantiene abierto aún un agujero legal que genera fuerte preocupación en las provincias porque les traba el normal manejo de los fondos que reciben de Nación.
Se trata de un asfixiante escenario que derivó incluso -afirman- en el reciente auxilio de la Casa Rosada con anticipos de recursos a cinco distritos, que habían recibido goteo cero, producto de las detracciones derivadas de esa incómoda coyuntura.
Uno de los impactos de ese hueco legal, en rigor, ya fue resuelto la semana pasada, cuando se destrabó el pago a los gobernadores de la compensación ordenada por la Corte Suprema nacional en 2019 para menguar la erosión generada en las remesas por el paquete de medidas post-PASO de Macri. Fue de la mano de una negociación con el secretario de Hacienda nacional, Raúl Rigo.
Sin embargo, hasta el viernes último seguía habiendo un agujero negro, derivado de la falta de un decreto nacional -o algún otro mecanismo legal- que blinde que el 6% del PBI debe ser obligatoriamente destinado al financiamiento de la educación, un área clave que manejan las provincias. Ese jugoso porcentaje -que se detrae antes de la distribución general de recursos coparticipables y se envía a las provincias- involucró en 2019 unos $200 mil millones.
Se trata de una premisa definida en la Ley Nacional 26.075 de Financiamiento Educativo, y que se renueva año a año con la sanción de cada Presupuesto nacional y una posterior resolución -a principios de cada enero- del Ministerio de Educación nacional, que fija la meta anual de fondos para Financiamiento Educativo, en correspondencia con ese 6% del PBI.
Pero la dilación en este caso del plan de gastos 2020 de Fernández obliga a aplicar un “parche” legal que, advierten desde despachos de distintas provincias, hasta el momento no ocurrió.
La consecuencia no se mide en términos de montos -los distritos reciben la lluvia diaria de la coparticipación en función de los índices estipulados- sino de “blindaje”: al no estar aprobado ese paraguas que determina que ese 6% de recursos debe ser destinado obligatoriamente a educación, el goteo de esos recursos también pasa a sufrir las diferentes detracciones que alcanza a los envíos de coparticipación a las provincias, producto de los compromisos varios de cada distrito (pagos de adelantos de coparticipación, de créditos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el BID y con otras entidades).
De esta manera la coparticipación se evapora rápidamente, y de hecho -afirmaron desde filas provinciales- el Gobierno de Fernández debió salir a auxiliar días atrás con adelantos por $5.600 millones a los peronistas Juan Manzur (Tucumán), Jorge Capitanich (Chaco) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), además de Arabela Carreras (Río Negro) y Mariano Arcioni (Chubut), de fuerzas provinciales, por la dura erosión que sufrieron las transferencias de coparticipación a sus distritos.

Dilatarán fondos previsionales

El Gobierno de Alberto Fernández confirmó a las 13 provincias que no transfirieron su caja de jubilaciones a la órbita nacional que mantendrá este año el esquema de financiamiento del rojo previsional fijado por ley, aunque les advirtió que, producto de las fuertes restricciones presupuestarias, los pagos van a sufrir demoras.
“Se mantendrá en 2020 el esquema de financiamiento, pero con demoras porque la situación del sistema -dijeron- es muy delicada”, dijeron tras la doble reunión que ministros de Economía y otros funcionarios de esos 13 distritos mantuvieron el viernes con el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, y luego con el titular de la Anses, Alejandro Vanoli.

Ingresos Brutos a escena

De hecho, ese escenario de asfixia podría incluir, en algunas provincias, la definición de nuevas subas impositivas (por caso, en Ingresos Brutos), tras el permiso habilitado por la suspensión en diciembre pasado de las bajas tributarias ordenadas en el Consenso Fiscal sellado por los gobernadores con Macri en noviembre de 2017.
El actual sistema de financiamiento previsional, que rige por ley, define pagos por parte de la Anses a esos 13 gobernadores para domar el déficit que tendría su caja jubilatoria si formara parte de la órbita nacional y contara, por ende, con todos los parámetros jubilatorios nacionales (hoy ese escenario es dispar en ese plano, ya que varía según el distrito).
Ese esquema incluye pagos de anticipos mensuales (la doceava parte del último déficit determinado), hasta ser sellado el convenio anual de rigor con cada mandatario.
En los hechos, el plazo para concretar el primer pago por parte del Gobierno de Fernández expiró el pasado 20 de enero.
Por lo pronto, para los próximos días se esperan nuevos encuentros bilaterales con Nación para discutir la letra chica de los montos adeudados hasta 2019.
El lote de gobernadores con cajas no transferidas incluye al cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Omar Perotti, el bonaerense Axel Kicillof, el entrerriano Gustavo Bordet, el chaqueño Jorge Capitanich, el pampeano Sergio Ziliotto, el formoseño Gildo Insfrán, la santacruceña Alicia Kirchner; el correntino Gustavo Valdés, el chubutense Mariano Arcioni, el misionero Oscar Herrera Ahuad, el neuquino Omar Gutiérrez y el fueguino Gustavo Melella.
(Fuente: Ámbito)