En tiempos donde se discute, en todo el mundo, cómo potenciar el turismo como herramienta de progreso sostenible a través del cuidado del medioambiente, una denuncia en El Calafate se puede transformar en una verdadera punta de iceberg para las empresas de sector de aventuras.
Es que la Justicia de Tierra del Fuego, a través del fiscal de instrucción Fernando Ballester Bidau imputó penalmente, por presunto daño ambiental, a los pasajeros de nueve camionetas doble tracción que recorren el sur de la Patagonia. Los investigan por daño agravado al haber atravesado por lugares sin camino, generando daños irreparables en su ecosistema formado en gran parte por turberas.
La imputación del fiscal se basa en la denuncia presentada por la Asociación Manekenk, la Asociación Civil Conservación de Península Mitre y la Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego, que al conocer que esta excursión iba a la zona de las turberas con vehículos de gran envergadura pusieron en aviso a las autoridades ambientales de la provincia.

La excursión y la denuncia

El 11 de enero pasado, un grupo de nueve camionetas 4×4 tipo jeep habrían iniciado una expedición partiendo desde la estancia María Luisa con destino a Cabo San Diego en la Península Mitre, en el extremo sudoriental de la isla Grande de Tierra del Fuego; poniendo en peligro un ecosistema único, hogar de colonias de aves y fauna marina, y donde habitan especies únicas y en riesgo de extinción como el carancho austral.
En la denuncia, las organizaciones también pusieron énfasis en que un reciente estudio identificó al sector como el punto de captura de carbono más importante de la Argentina, gracias a las turberas que funcionan como una «aspiradora» de carbono. Esta porción de la isla almacena el equivalente a más de tres años de emisiones de dióxido de carbono de la Argentina.
Para el fiscal la prueba presentada en la denuncia a «prima facie» podrían configurar delitos de «daños agravado» en despoblado y en banda por dañar bienes (turberas) de uso público, lo cual está tipificado en el Código Penal. El fiscal pidió que se identifiquen a los 15 imputados denunciados y que se ordene una inspección ocular con profesionales especializados que informen los daños causados en las turberas y si los perjuicios ocasionados han sido más o menos perdurables.
En la denuncia presentada en la fiscalía, que ahora deberá atender el Juez de Instrucción 3 de Ushuaia, Federico Vidal, que actúa durante la feria de verano, se menciona que el daño ambiental ocasionado al patrimonio de la comunidad es grave e irreparable, dado que la zona no posee caminos habilitados para el tránsito de vehículos, razón por la cual necesariamente la circulación se hace por la turba.
«Este ambiente, caracterizado como humedal, presenta una alta fragilidad y se halla delimitado como zona A-2 según el régimen de protección de turberas (Resolución N° 401/11 S.D.S. y A.), en la cual se prohíben las actividades que involucren la destrucción y/o degradación irreversible de las mismas. Además, la Ley Nacional N° 2 3919 que ratifica la Convención de Ramsar, dispone en su artículo 4to. que ‘cada parte contratante fomentará la conservación de los humedales(..) y tomará las medidas adecuadas para su custodia'», detalla la denuncia.

¿Qué son las turberas?

Las turberas son un tipo único de humedal que cubre el 3% de la superficie terrestre y almacena el 30% del carbono captado en el suelo y el 75% del carbono atmosférico. El doble que todos los bosques del mundo. Aparte de este formidable almacenaje de carbono, no apreciable en otros ecosistemas terrestres, también albergan el 10% del agua dulce del planeta y previenen inundaciones. El 95% de las turberas de la Argentina se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego. En Península Mitre se encuentra la principal concentración de turberas del país: 2400 km2 de turba.
Desde la década del 80 que existen en Tierra del Fuego distintas acciones para proteger el extremo sudoriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego que se considera un ecosistema único tanto por su diversidad biológica, como por sus valores arqueológicos y geológico. En el año 2002, el Poder Ejecutivo, con la participación de las distintas organizaciones públicas y privadas de la isla presentaron ante la Legislatura el primer proyecto de ley para declarar a Península Mitre como Área Natural protegida.