En los primeros días de esta semana se supo que iba a finalizar la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los alimentos básicos, por lo que los mismos iban a sufrir una disparada en orden al 21%. No obstante, hubo un acuerdo entre el Gobierno Nacional, supermercados, productores, cadenas de hipermercados y comercios barriales para reducir este impacto y que los bienes esenciales no sufran una variación positiva tan contundente. Esto se debe, entre otras cosas, a que desde el sector comercial estiman que el consumo en Argentina se reactivará pronto, por lo que una suba tan contundente podría ser perjudicial para estas aspiraciones.
Tras la finalización de la quita del IVA, los precios de los alimentos registraban ayer subas promedio del 7% en las góndolas de supermercados y comercios minoristas, aunque el valor de la leche se mantenía sin cambios por la decisión del sector empresarial de absorber la totalidad del gravamen.
Como se mencionó anteriormente, las modificaciones en los precios de venta al público se dan luego del acuerdo al que habían arribado el pasado martes el Gobierno Nacional, supermercados y productores. A partir de lo pactado, subieron 5% el pan, 7% yogures, azúcar, harina y huevos, y 9% el aceite, entre otras variaciones. En tanto, el porcentaje de IVA de la leche es absorbido por las empresas, con lo cual no hay cambios en el precio para los consumidores. El resto de los sectores también acordó absorber 14 puntos de los 21 totales del tributo, para minimizar el traslado del IVA a partir del primero de enero.

Asignaciones y Precios Cuidados

Además, en los próximos días, la reducción del IVA estará disponible para beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que perciban el haber mínimo, prometieron desde Casa Rosada. Asimismo, también se relanzará el programa de Precios Cuidados, que volverá a incluir productos de primeras marcas para transformarse así en un sistema de “precios de referencia”.
El Gobierno Nacional destacó que estas medidas se complementan con el congelamiento de las tarifas, el freno a los aumentos de los peajes en rutas nacionales, la suspensión del incremento del 5% a las naftas, extender por 30 días más los beneficios a los créditos UVA y prorrogar por 3 meses el Plan Ahora 12.
El paquete de medidas para la clase media y los sectores más vulnerables implica un impacto de 100.000 millones de pesos en el consumo, estiman en la Casa Rosada.
La reducción temporaria del IVA hasta el 31 de diciembre a un grupo de productos de la canasta básica fue implementada por el gobierno de Mauricio Macri para intentar contener, «sin éxito» según el Gobierno, el impacto de la devaluación. La medida fue cuestionada ante la Justicia por la mayoría de los gobernadores provinciales que vieron recortados los fondos de la coparticipación, reclamo que también fue impulsado desde el Gobierno de Chubut.

La inflación sigue en alza

En este contexto, vale destacar que en los próximos días se conocerá el primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajo la presidencia de Alberto Fernández. Puntualmente, se espera que la inflación en diciembre no sea menor que 4%. Puntualmente, para el inicio del 2020 se espera que la vuelta del IVA vendedor presione con fuerza sobre los alimentos, aunque el cepo y el congelamiento tarifario prometen desaceleración.
Cambiemos había proyectado terminar su gestión con una inflación acumulada de 65,3%. Aunque con el dato de diciembre pendiente, algo seguro es que el período 2016-2019 finalizará con incrementos del 300%. Tarifazos y devaluación contradijeron la hipótesis de que con el apretón monetario, que secó la plaza en forma significativa, alcanzaba para desinflar.
La imagen del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, y su vice, Lucas Llach, anunciando que la inflación del 2018 sería de 10% (+-2) fue una de las más repetidas en redes sociales durante los últimos tiempos. Ese año terminó con una suba de precios de 47,6%, récord histórico desde la salida de la híper, en 1991, cuando los precios treparon hasta el 84%. Para el 2019 la estimación oficial inicial era 5% pero luego fue corregida y en el presupuesto 2019 quedó en 23%. La realidad mostró algo bien distinto: se espera que culmine cerca del 55%.
Para diciembre, mes en el que la estacionalidad genera presiones extra, principalmente por la influencia de las fiestas, se espera una inflación de 4,3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica todos los meses el BCRA. La consultora Elypsis estimó una suba de 4,2%, mientras que LCG prevé una alza «por encima» de ese porcentaje y Eco Go sostiene que estará algo por debajo del 5%. Si se concreta lo previsto por el REM, el IPC en 2019 habrá acumulado un incremento de 54,6%.
Si bien los analistas y banqueros fueron, a lo largo de todo el período Cambiemos, relativamente optimistas acerca de la desaceleración inflacionaria que podía lograr el Gobierno anterior con la fuerza de la tasa de interés, en general sus proyecciones siempre se mantuvieron por encima de las metas pautadas. En los primeros días posteriores a la presentación de los objetivos oficiales, la coincidencia era que sería difícil llegar a una inflación de un dígito para 2019. La razón: que todavía quedaban correcciones de precios relativos por realizar. Esto representa puntualmente a los tarifazos en los servicios públicos y devaluación.
Para el 2016, la meta planteada por Sturzenegger fue extra oficial pero pública: 25%. Paradójicamente, a principios de ese año, por iniciativa de Juan José Aranguren, el Gobierno encaró tarifazos por demás pronunciados: 375% en agua, hasta 300% en gas, 100% en transporte y hasta 700% en electricidad. Además, la salida del cepo anunciada antes del arreglo con los buitres generó una devaluación de 40%. La inflación superó por una décima a la del 2002 y fue de 41%.
En total, entre 2016 y 2019, según cálculos de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), el gas aumentó más de 2.200% y la luz, más de 3.000%. La suba del dólar fue de más de 500%.
El 2020, y el futuro más lejano, dejan varias incógnitas. Por un lado cuál será la capacidad del Gobierno de disciplinar a las empresas para que no trasladen el dólar paralelo a precios. Eso en una economía que tiende a remarcar frente a cualquier señal. Por otro, qué ocurrirá con el dólar oficial cuando la actividad económica rebote y las importaciones dejen de brindar el marcado superávit de bienes comerciales.