El debate por la zonificación de la minería está abierto en Chubut. Y se da en el marco de una agónica crisis económico- financiera de la provincia. Sin embargo, el sentido de la oportunidad para quienes ven en los proyectos extractivos una buena alternativa productiva, se dio de frente con la movilización social ante el temor al efecto que el desarrollismo extractivo pudiera acarrear a la calidad de vida de los provincianos, pese a que la zonificación sería en todo caso el primer paso antes que cada proyecto en concreto presentara su interés productivo y sobre todo su respectivo estudio de impacto ambiental. Esta desconfianza primigenia fue de hecho cuantificada, algo que políticamente debería considerarse porque lisa y llanamente el “No es No” tiene más que ver con la calidad institucional que con información precisa de los proyectos en danza.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizó un relevamiento en diciembre del año pasado en donde se analizaron los niveles de aceptación y rechazo que presenta en la población la explotación de los recursos naturales. El trabajo académico señala que un alto porcentaje de los jóvenes de Puerto Madryn, ciudad en donde se hizo la investigación, desconfían del Gobierno Provincial y en las regulaciones que aplica. Este documento fue presentado ante el Congreso Argentina y Ambiente hace poco más de un mes.
La discusión sobre la implementación de la minería en Chubut cobró protagonismo en los últimos meses a partir de la postura del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien dio por sentado, ante la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que esa actividad se desarrollaría en la provincia.
La semana pasada, el secretario General de Gobierno, Carlos Relly, dijo que el gobierno provincial impulsaría una modificación la Ley 5.001, con la que iban a intentar crear una nueva reglamentación provincial para que se pueda desarrollar la actividad. El funcionario había considerado que existía una cierta licencia social para poder realizar modificaciones sobre la 5.001 y aprobar la implementación de la minería en territorio provincial. Al día siguiente, el gobernador Mariano Arcioni sostuvo que no habría cambios en la legislación, ni minería en la cordillera, ni utilización de cianuro, pero sí abogó por la zonificación minera y dijo que estaban diseñando en un “plan de desarrollo productivo” que contemple las necesidades regionales y bajo esa premisa impulsar la actividad minera en la zona de la Meseta Central.
Con todo, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizó un relevamiento de opinión sobre lo que se denomina “licencia social” de este sensible tema en debate y el documento con sus resultados fue presentado ante el Congreso Argentina y Ambiente hace poco más de un mes, al mismo tiempo que también se anunció en un Congreso Científico y está disponible en la web researchgate.net.

Riesgos e inquietudes

Según el texto en cuestión, las comunidades de la Patagonia tienen ciertas inquietudes respecto a los riesgos que enfrentan para su salud y para el ambiente con la explotación de los recursos naturales. Chubut no es ajena a esta realidad y hay diversos grupos que han dejado en claro su postura en contra de la implementación de distintas actividades.
No obstante, el documento elaborado en diciembre del año inmediatamente anterior también indicó que “aunque las interacciones entre las diferentes visiones del riesgo ambiental son de suma importancia para el ordenamiento de potenciales actividades en la Provincia, no se conocen en Chubut evaluaciones sobre relevamientos sistemáticos de la Percepción de Riesgo ambiental (PR) a nivel comunitario y su relación con las variables sociales que la caracterizan”.
Además, el documento puso en valor otras variables, como la confianza en la gestión pública, la aceptabilidad o la actitud de la comunidad frente al riesgo ambiental y los reconocimientos y/o compensaciones esperadas en función de la PR.

Resultado de la encuesta

Como conclusión, el informe resolvió que fortalecer la confianza de las comunidades en las regulaciones y la gestión pública es una tarea previa y necesaria a cualquier proceso de obtención de licencia social ambiental que quiera desarrollarse en territorio chubutense.
De esta manera, para obtener la licencia social para la explotación de recursos naturales en Chubut, el Gobierno tendrá que hacer crecer la confianza que tienen los habitantes de la Provincia en cuanto a los mecanismos de control que se implementarían y una explicación clara de cómo serían los mismos.

Provincia cree que alcanzó la licencia social

Vale recordar que Relly, secretario general de gobierno, dijo a fines de la semana pasada que “creo que tenemos licencia social para explotar la minería en la zona de la meseta”. Con este pronunciamiento, el secretario adelantó la voluntad del Gobierno de avanzar con un plan de zonificación y explotación minera en la meseta central, algo que también fue respaldado por el propio Arcioni, aunque el Gobernador también hizo referencia al no desarrollo de la actividad en la zona cordillerana y enfatizó que no se modificará la Ley 5.0001. Este plan ya había sido anunciado por Alberto Fernández, quien semanas atrás celebró la posibilidad de explotar oro y plata en esa área.
En este contexto, Relly también quiso poner como ejemplo del control del estado a la explotación de hidrocarburos en la cuenca de San Jorge: “Yo vivo en Comodoro, hay miles de agujeros y una contaminación muy grande que está manejada. Es un ejemplo de que el estado controla”.

Nación exige respaldo de la sociedad

En este contexto, también resulta clave poner a consideración el posicionamiento del Gobierno Nacional sobre esta temática. Puntualmente, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, defendió la actividad minera en el país aunque aclaró que debe realizarse con “licencia social” y discutiendo “el modo” en que se realiza. “No se puede discutir si hacemos minería o no, se puede discutir cómo hacemos minería”, manifestó Hensel.
El funcionario nacional también hizo mención a la suspensión por parte del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, de las modificaciones a la Ley 7.722 que permitían el uso de determinadas sustancias químicas para la explotación minera, el secretario indicó que “no se puede hacer minería sin licencia social”.
“Las explicaciones hay que darlas, aunque haya sectores que no acepten ningún tipo de explicación. A la iniciativa que impulsó el gobernador Suárez lo que le faltó fue plantear la discusión desde el punto de vista social, fue muy intempestivo”, expresó.
En tanto, puntualizó que la minería es una actividad lícita relacionada con el potencial económico de la provincia de Mendoza, aunque se debió dar una discusión previa con difusión y foros.
“Estoy convencido de que se puede hacer minería sin contaminación ambiental. No tiene sentido que nos ocupemos de la producción minera y no del cuidado del ambiente. Si no se controla lo que se hace con los procesos se puede contaminar el agua en cualquier actividad”, expresó el secretario de Minería de la Nación.
“»En el caso de la minería el uso de cianuro es en un circuito cerrado, pero eso hay que explicarlo bien”, concluyó el funcionario designado por Alberto Fernández para hacerse cargo de la cartera que regula la actividad minera en todo el territorio argentino.