Los retiros voluntarios en Chubut se pagarían recién dentro de dos años
El Gobierno Provincial intenta avanzar rápidamente en su plan de Reestructuración del Estado, en su afán por salir de la crisis económica y financiera a la que debe hacer frente desde hace largos meses. En este contexto, dentro de esta iniciativa el Poder Ejecutivo que encabeza Mariano Arcioni anunció una serie de medidas específicas, entre las que se destacaron los retiros voluntarios para algunos trabajadores de la Administración Pública.
En las últimas horas trascendieron algunos detalles de esta propuesta, con la cual los empleados públicos que pertenezcan a la planta permanente y se encuentren en efectivo ejercicio de su cargo al 31 de diciembre del año pasado, “dispondrán de un plazo hasta el 31 de marzo del 2020 para solicitar el retiro de la Administración Pública, momento a partir del cual cesará en forma total y definitiva la relación de empleo que lo vincula”. Cabe aclarar que esto se daría siempre y cuando los empleados así lo deseen.
Asimismo, una vez que el trabajador confirme su retiro, no podrá ingresar a la función pública por 10 años. En tanto, al igual que con las jubilaciones anticipadas, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad exclusiva de definir si acepta o no los retiros voluntarios de los agentes.
Puntualmente, el artículo 7 del proyecto de ley que sería tratado en los próximos días en una sesión extraordinaria clarifica en torno al pago que recibirán los empleados que quieran retirarse voluntariamente del Estado. En este apartado se define que “el agente que se acoja al retiro percibirá una gratificación única extraordinaria, por cada año o fracción no inferior de seis meses de antigüedad de servicios, que se abonará en 24 cuotas mensuales”.
En el articulado relacionado a las disposiciones generales, la propuesta de ajuste del gobernador Arcioni deja en claro que los empleados que se hubieran beneficiado con la incorporación al régimen de retiros voluntarios “no podrán reingresar a la Administración Pública por un plazo de 10 años desde la fecha de su cese”.
La propuesta de Arcioni que esbozó el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, cuando delineó el ajuste ha generado varias dudas tanto sobre la sociedad como en los diputados provinciales, que finalmente tendrán que ser quienes decidan si le dan el visto bueno al Poder Ejecutivo con esta iniciativa o no.