El Gobierno nacional oficializó ayer la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, la cual había sido anulada por Macri. Las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de ese base, lograr un acuerdo con sus docentes. En tanto, en Chubut se debate un plan de ajuste que incluye congelarse los salarios a los docentes por 180 días. El 26 de febrero está previsto el inicio del ciclo lectivo que ante este escenario aparece incierto.

Promesa de campaña

En tanto, a nivel nacional el decreto que se conoció ayer lleva las firmas del presidente Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro Trotta; y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La norma viene a cumplir con una de las promesas de campaña de Fernández, que después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se reunió con los principales dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). En sus ex oficinas de San Telmo, les confió a Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López que retomaría la paritaria nacional.
Ese había sido el principal reclamo de los sindicatos docentes, el motivo de numerosos paros en los últimos dos años. Fue en principios de 2018 cuando, a través del decreto 52/2018, el ex presidente Mauricio Macri suspendió la paritaria nacional y, en su lugar, estableció una “mesa de convenio marco” que excluía del temario la negociación salarial, pero que dirimía otras cuestiones como carrera docente, condiciones laborales y fondo de incentivo. La pauta salarial, en tanto, quedaba establecida un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil.

Piso para negociaciones provinciales

Con ese piso las provincias encargadas de pagar los salarios, debían negociar con sus sindicatos. A partir de ahora, con la vuelta de la paritaria nacional, las jurisdicciones tendrán que acomodarse al mínimo que se fije en la negociación nacional y, a partir de esa base, lograr un acuerdo con sus docentes.
Al igual que antes de que se derogara, el decreto prevé que la representación en la mesa nacional sea “proporcional” a la cantidad de afiliados que tenga cada gremio; un guiño para CTERA, el mayoritario del sector. “La integración de la representación de los trabajadores y las trabajadoras será proporcional a la cantidad de afiliados y afiliadas cotizantes que posea cada uno de los gremios de primer grado intervinientes o los adheridos formalmente a las entidades sindicales intervinientes de grado superior, en su caso”, señaló.
Para ello, agregó que cada año el Ministerio de Educación Nacional le pedirá a la cartera de Trabajo una actualización de la cantidad de afiliados de cada sindicato. En total, los de representación nacional, son cinco: CTERA, UDA, CEA, AMET y SADOP, cuyos maestros trabajan en escuelas privadas y habían quedado afuera de la mesa de convenio macro que convocaba Cambiemos.

Más que el salario

Según puntualiza el artículo 6 de la norma, la Paritaria Nacional Docente definirá, en primer lugar, la retribución mínima de los docentes de todo el país y, en segundo lugar, materias de índole económica y laboral. Entre ellas, señala: condiciones de ingreso al sistema, títulos, promoción, formación inicial y continua, capacitación en servicio, carrera docente; régimen de vacantes, suplencias y trámites de reincorporaciones; jornadas de trabajo, salud y seguridad en el empleo; derechos sociales y previsionales; y representación y actuación sindical.
Antes de las firmas, el decreto hace una aclaración que no es casual: “Conforme a lo prescripto por el inciso c) precedente, al inicio de la negociación deberá procurarse que las partes cuenten, como mínimo, con la siguiente información…” Y a eso le sigue una larga enumeración que contiene al presupuesto, a las previsiones macroeconómicas, al financiamiento.
Es que más allá de que todavía trabajan en las cifras precisas, el Gobierno Nacional ya tiene decidido que no habrá cláusula gatillo en las negociaciones. En Casa Rosada consideran que el ajuste automático genera una indexación de la economía. Donde sí se esperan novedades es en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), el único componente del salario que se paga desde Nación y que quedó muy desactualizado tras la fuerte inflación.

Ley de Financiamiento Educativo

En otro orden, vale destacar que en sus primeras semanas de gestión, el Trotta habló sobre el estado de la educación argentina, y mencionó datos sobre el financiamiento educativo. Al respecto, dijo: “Hoy la Ley de Financiamiento Educativo en términos de inversión no se está cumpliendo”.
Cabe destacar que esta norma fue sancionada en 2005 y estableció la meta de destinar en 2010 el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a Educación, Ciencia y Tecnología. Luego de alcanzada esta meta, la Ley de Educación Nacional aprobada un año después estableció que “el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
No obstante, según datos del Observatorio Argentinos por la Educación, el único año en el que se cumplió ese objetivo fue en 2015, cuando el gasto educativo consolidado por nivel de gobierno (Nación y provincias) en porcentaje del PBI fue del 6,1%. Desde ahí el número cayó: fue de 5,8% en 2016 a 5,1% en 2018, último dato disponible y el más bajo de los últimos nueve años.
En pesos constantes (es decir teniendo en cuenta la inflación), entre 2012 y 2015 el gasto educativo “se incrementó 13%, mientras que entre 2016 y la estimación de 2018 se redujo cerca del 8% el total consolidado (en Nación cayó 12% y en las provincias, 7%)”, según el Observatorio.
La estructura del financiamiento educativo está compuesta por la suma de los recursos provinciales que surge de la recaudación de cada jurisdicción, la coparticipación federal de impuestos junto con los fondos nacionales coparticipables (fondos que reciben las provincias de la Nación de forma automática) y de fondos específicos transferidos por el Estado Nacional a las provincias (transferencias no automáticas).