En la sesión extraordinaria que se celebró días atrás en la Legislatura de Chubut se aprobaron 11 proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, entre los cuales se encontró la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, norma que regirá hasta el 30 de junio de 2021. Puntualmente, durante estos 18 meses hay diversas medidas que tienen un claro objetivo: reducir el gasto público y suspender el pago de los compromisos alcanzados por el Gobierno Provincial, tanto los obtenidos durante la administración de Mariano Arcioni como de las anteriores también.
Así las cosas, hasta mediados del año próximo no podrá ingresar personal nuevo a ninguna de las áreas de la Administración Pública, salvo excepciones particulares y explicitadas en la ley. Esta iniciativa no es novedosa, recordando que en el “Acuerdo Ciudadano” planteado a fines de 2017 también se había propuesto un mecanismo similar para reducir el gasto público, o que por lo menos no se incremente, tal como viene sucediendo desde hace años.
Esta propuesta también iría en sintonía con lo planteado esta semana por el ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, quien ratificó que el ingreso del dinero a las arcas estatales no alcanza para cubrir la masa salarial completa de la Administración Pública.
Puntualmente, esta reglamentación está prevista en el artículo 10 de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, aprobada por los diputados provinciales el pasado 27 de diciembre. Allí se explicita “la suspensión por el plazo de 18 meses desde que haya entrado en vigencia la ley, los ingresos al Estado provincial bajo cualquier modalidad de vínculo jurídico (planta permanente, planta transitoria y contratos)”.
No obstante, la norma también prevé algunas excepciones como “la cobertura de los cargos vacantes que cuenten con partida presupuestaria para tal fin y obre debidamente la fundamentación por acto administrativo por parte de cada titular del poder correspondiente”. Por ejemplo, en el caso de que un agente público se jubile, el Estado podrá, en caso de contar con la partida presupuestaria correspondiente, solicitar el ingreso de una nueva persona. Otro caso puntual es el de las construcciones correspondientes a la obra pública, en las que el Estado necesite nuevos profesionales.

Continúa la suspensión de pagos

La Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, además de la prohibición de ingreso de personal por 18 meses, también hace referencia a otras cuestiones. Particularmente, el artículo 3 de la normativa explica que, también por un año y medio, “se suspenden los pagos y otras contraprestaciones que correspondan a obligaciones contraídas por el Estado Provincial”.
Al igual que en el artículo antes explicado, en este ítem también hay excepciones, como lo son “el pago de haberes; las prestaciones previsionales y de la obra social, incluidas las obligaciones determinadas por sentencias judiciales; los pagos provenientes del endeudamiento financiero; las deudas de Provincia con municipios y comunas rurales; las deudas por servicios de telefonía, provisión de gas, combustibles, energía eléctrica, librería, agua, cloacas y transporte público”.
También quedarán al margen de la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa “las obligaciones con proveedores por bienes, obras y servicios, cuyo monto nominal sea inferior a los 800.000 pesos mensuales por cada acreedor”.

Alerta empresarial

Este artículo no pasó desapercibido para las cámaras empresarias, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de proveedores del Estado a los que les deben montos superiores a los 800.000 pesos. Debido a la normativa aprobada días atrás en la Unicameral chubutense, éstos no cobrarán sus acreencias hasta después de mediados de 2021.
Asimismo, el tercer ítem de la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa también destacó que están exceptuadas de la suspensión de pago aquellas “obligaciones del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas, cuyo monto no supere 1.800.000 pesos por cada acreedor”.

Extinción de contratos de obra pública

La flamante normativa aprobada por los legisladores provinciales también refiere a la posibilidad que tendrá el Poder Ejecutivo, en cabeza de Arcioni, de suspender contratos de obra en los tres poderes del Estado. “En virtud de la emergencia declarada, que a los efectos de la ley se considera que constituye causal de fuerza mayor, se faculta al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para promover la extinción de los contratos de obra pública, de consultoría, de servicios y obras celebrados por cada Poder”, afirma la norma.
Además, la nueva legislación chubutense aclaró que la extinción contractual que resulte del uso de esta facultad “no procederá en aquellos casos en que sea posible la continuación de la obra o la ejecución del contrato, previo acuerdo entre comitente y contratante que se inspire en el principio del esfuerzo compartido”.

Aumenta la dependencia de las provincias del financiamiento soberano

Cualquier diagnóstico que se trace de aquí a los próximos meses será coincidente con el temor que ya expresó la mayoría de los gobernadores: en 2020, las finanzas provinciales entrarán en una zona de mayor turbulencia, producto de la persistente caída de los ingresos propios, la falta de financiamiento y el creciente aumento del gasto corriente derivado de una curva inflacionaria que no promete dar tregua, al menos en el corto plazo.
Ese sombrío panorama, por caso, forzó la suspención del pacto fiscal alcanzado en 2017 entre las provincias y el Gobierno de Mauricio Macri. Ese acuerdo, además de establecer que la recaudación del Impuesto a las Ganancias se coparticipe según el esquema general de distribución, obligó a los distritos a implementar una reducción de las alícuotas de Sellos e Ingresos Brutos.
En esa línea, la calificadora Moody’s aseguró que los gobiernos provinciales enfrentan un entorno cada vez más desafiante, que afectará sus resultados financieros y hará más difícil el refinanciamiento de la deuda frente a las presiones sociales y los cambios de políticas que llegarán de la mano del nuevo gobierno de Alberto Fernández.
Agrega en su diagnóstico que “las condiciones restrictivas en los mercados locales e internacionales aumentarán la dependencia de las provincias del financiamiento soberano y profundizarán la exposición de los tenedores de bonos al riesgo de refinanciamiento”.
Además, los indicadores crediticios presentarán “un deterioro como resultado del aumento de los costos financieros y la exposición a la deuda en moneda extranjera” en medio de la volatilidad financiera.