Por Trivia Demir

Mientras la situación de Chubut no pinta para nada bien, la agenda del gobernador sigue siendo un misterio, como cada lunes. Para muchos, esta suerte de ´gobierno virtual´ sería toda una estrategia disuasiva ante las complicaciones en puerta a las que casi nadie quiere ponerle el cuerpo.
La semana comienza con el debate legislativo que requiere el “Plan de Reestructuración del Estado” y/o vulgarmente llamado “Plan de Ajuste”, sobre el que el ministro de Economía, Oscar Antonena deberá ir a dar explicaciones a los diputados para intentar su aprobación. El fin de semana, los trascendidos indicaban que por ahora, no hay ninguna voluntad legislativa de hacerse cargo de un ´muerto político´ de esa naturaleza. Lo preanunció el peronismo en su mitín cordillerano y lo reafirmó Cambiemos desde el Valle con profusos posicionamientos. Por un lado a nadie le cierra exactamente como puede ser que en menos de un mes, el déficit se halla directamente duplicado en las proyecciones en relación a lo que presentaron en el Presupuesto 2020 y lo que luego salió a invocar Antonena. De ser así, los diputados directamente aprobaron una ´truchada´ y eso ya genera responsabilidades más que compartidas. El otro tema es que siguen habiendo ingresos en varios sectores del gobierno a pesar de no haber dinero y de intentar congelarse las vacantes. El tema de los gastos reservados es otro agujero negro en la galaxia de Rawson. Y como si fuera poco hay medidas contradictorias que no ayudan a digerir el plan de ajuste, como por ejemplo los anuncios de ´financiamiento´ al transporte público que haría Arcioni por estos días según su ministro de Gobierno. El viernes pasado el funcionario reunido con miembros de la Cámara de Autotransporte del Chubut, que nuclean a empresas de transporte interurbano dio a entender una nueva oleada de subsidios en puerta, pese a la escasez que se viene llorando.

¿Diez mil empleados menos?

Para Marcelo García, de El Extremo Sur, las razones detrás del ajuste en Chubut es que el gobierno “procura deshacerse de 10 mil empleados y reprogramar una deuda irresponsable”. Para el columnista el plan de recortes y equilibrio fiscal anunciado por el gobernador Arcioni y el ministro Antonena fue presentado como un ajuste en el gasto público y una estrategia para incrementar la recaudación chubutense, pero en verdad tendría el objetivo principal de trasladarle el costo de la crisis a los trabajadores del Estado provincial, achicando la cantidad de empleados, y poco impactará sobre los ingresos a través del aumento de alícuotas y creación de nuevos tributos. Para el santacruceño, el «Plan de Reestructuración del Estado» es bastante similar al que Arcioni intentó instrumentar sin éxito en la primera mitad de 2018, pero en este caso “es uno de los más grandes y brutales que haya conocido la historia de la provincia de Chubut”.

Jubilaciones forzadas

Distintas fuentes consultadas evalúan que buscaría deshacerse de hasta 10.000 empleados públicos utilizando los mecanismos de jubilaciones «forzadas», retiros voluntarios y en menor medida el achicamiento de entre un 15 y el 20% de la planta política. Esa fórmula de recorte del gasto público es bastante incongruente si se tiene en cuenta que incrementará la cantidad de jubilados y paralelamente incrementará los gastos del Estado a la hora de hacer frente a los retiros voluntarios y su cancelación en cuotas de las liquidaciones finales.
Este mecanismo tiene por principal objetivo reducir la planta de personal en actividad, posiblemente de los 42.000 existentes en la actualidad a los 28.000 y 32.000 contabilizados en los años 2007 y 2008. Indefectiblemente, eso se traducirá en un problema a futuro, porque casi se duplicarán las jubilaciones a pagar en Chubut y no habrá una cantidad significativa de aportantes para hacer frente a dichas erogaciones.

Análisis necesario

En 2007 la relación entre empleados públicos y cantidad de habitantes en la provincia era de 60 cada 1.000, manteniendo niveles similares a principios de los ’90 y la década del 2000. Sus puntos más bajos se registraron entre 1991 y 1993 con 50 de promedio. Un año después pasó a ser de 70 empleados públicos cada 1.000 habitantes, quedándose estancada en ese ratio y con picos de 76 en los años 2011 y 2012. Con el ajuste quedarían aproximadamente 1,4 trabajadores activos por cada jubilado en la provincia. Los especialistas aconsejan que el ratio entre aportantes y pasivos debe estar entre 3 y 4. En Chubut se pasaría a tener 32.000 activos y los jubilados podrían superar los 22.000 -hoy se contabilizan 17.500 pasivos-; por lo que ese esquema estallaría por los aires más pronto que tarde.
Este dispositivo muestra a las claras que se busca reducir significativamente la cantidad de trabajadores activos para reducir el gasto público. Por el alto nivel de conflictividad que desataría no pueden despedirlos lisa y llanamente, aunque trata de cumplir con las metas que le habría exigido el gobierno de Alberto Fernández de achicamiento del gasto salarial. Apuesta además a que esos jubilados se vayan reduciendo por una consecuencia etaria lógica. Así lo hizo saber el ministro de Economía provincial, afirmando que «La provincia pretende encarar una profunda reorganización operativa, de manera coordinada con el Gobierno Nacional, tendiente a generar sostenibilidad fiscal».

¿En qué quedamos?

Las rarezas que deberá explicar Antonena a los legisladores no son pocas. Además de la duplicación del cálculo del déficit anual, el propio Antonena señaló recientemente que «Chubut se enfrenta a un problema estructural del Sistema Jubilatorio que demanda cada vez más recursos fiscales de una provincia con fuerte déficit fiscal y falta de acceso al financiamiento». Contrariamente a esa definición, ahora busca incrementar dicho problema sumándole más pasivos al sistema jubilatorio por lo que -si sus dichos son ciertos- lleva a pensar que las dificultades se ahondarán en el futuro cercano con una relación de 1,4 trabajadores activos por cada pasivo. Transitoriamente y de manera temporal puede ser que las jubilaciones «forzadas», a las que se pagará entre 55 y 70% de lo que cobra un activo, sirvan para reducir el déficit estructural. Las perspectivas futuras son extremadamente explosivas y volátiles.

Humo tributario y gestual

El anuncio del gobernador Arcioni a la hora de blanquear el ajuste estuvo acompañado por dos aristas meramente gestuales. A modo de justificación el Poder Ejecutivo incluirá proyectos -que aún no ingresaron a la Legislatura para su tratamiento- que incrementarían la recaudación de los impuestos provinciales. Algunos sufrirían aumentos, como el Impuesto al sello o los Ingresos Brutos, y otros serían creados, como una Tasa Vial o la de Transferencia de Bienes.
Por todos esos rubros tributarios el Estado provincial podría estar recaudando a lo largo de 2020 alrededor de 2.500 millones de pesos extra. Esa cantidad tan sólo representaría el 12,2% de los ingresos presupuestados para el año, o el 14,8% del nuevo endeudamiento, o el 18,1% de todos los pagos por la deuda que fueron previstos para el 2020.
En fin. La única certeza para el día de hoy es el inicio de semana con paro de ATE y por supuesto otra vez el estado chubutense parado para todo tipo de trámites. El motivo no sólo es el Plan de Ajuste sino el ajuste real, con pagos escalonados que terminarán abonando los sueldos de diciembre en febrero. Tratando de desalentar a una estructura pública cada vez más desmotivada y atrancadamente improductiva, y que la actual gestión expone día tras día como cara e innecesaria. Una puja de poder difícil de sostenerse mucho tiempo. Habrá que ver…

Fuentes: MG, NA, El Extremo Sur de la Patagonia, propias