Una situación que comenzó a volverse más frecuente en los últimos tiempos es la captura de individuos declarados “en rebeldía” por la Justicia; este tipo de casos se vio reflejado el pasado fin de semana, cuando un individuo fue interceptado en el cajero automático ubicado en la zona costera del boulevard Guillermo Brown y, tras identificarlo, se constató que pesaba sobre él una orden de captura vigente desde junio de 2018.
El sujeto se encuentra imputado en una causa por “robo doblemente agravado, por el uso de arma, en poblado y en banda”, a lo que se le sumó la rebeldía, producto de no haberse presentado a una de las audiencias fijadas por la Oficina Judicial de Puerto Madryn.
En total, suman 185 los casos similares a nivel local, donde por distintos motivos se ordenó la captura inmediata de los sujetos en conflicto con la ley, con la salvedad de que en solamente 12 casos, los individuos no fueron declarados “en rebeldía”.
Del total de pedidos de captura en Puerto Madryn, 23 de ellos fueron ordenados por la jueza Patricia Asaro; cinco por el juez Rodolfo Fernando Blanco; 8 por el magistrado Gustavo Castro; 17 por la jueza Stella Eizmendi; cuatro por la magistrada Yamila Flores; uno por el juez Hernán Carlos Granada; cinco por el magistrado Néstor Ángel Lorenzetti; cuatro por Marcelo Nieto Di Biase; 23 por el juez Marcelo Orlando; 24 por la jueza Marcela Pérez Bogado; 14 por Marcela Pérez; 26 por Patricia Reyes; tres por Flavia Trincheri y 29 por Horacio Daniel Yangüela.

Una década de búsqueda

La información surge del registro Skua, plataforma del Poder Judicial provincial utilizada por personal policial al momento de realizar procedimientos de identificación en la vía pública; la consulta en tiempo real a la base de datos determina si la persona identificada se encuentra en la nómina de rebeldías de la Justicia, o bien si pesa sobre la misma una orden de detención por alguna causa penal.
Del total de pedidos de captura librados por la Justicia y vigentes al día de hoy, uno de ellos data de septiembre de 2008, cuatro del año 2009, uno de 2010, diez de 2001, otros diez del año 2012, once de 2013, 17 de 2014, once de 2015, veinte de 2016, 22 de 2017 y 31 de 2018, totalizando unos 138 individuos que son buscados por diferentes motivos judiciales, algunos de ellos desde hace más de una década.
De las 48 personas restantes sobre las cuales pesan órdenes de captura de 2019 en adelante, unos 43 son de sexo masculino y las restantes cinco son mujeres.

Rebeldes y prófugos

A diferencia del término “prófugo” comúnmente utilizado en causas penales, en este caso la definición apunta a un individuo que “huye de la Justicia”, evitando cumplir con alguna obligación de carácter legal y sobre el cual se estableció alguna medida cautelar.
Por otro lado, una persona puede ser declarada “en rebeldía” si su presencia fue demandada en un procedimiento y no compareció en el plazo indicado en el proceso; es decir, si no cumplió al momento de contestar a la demanda, a la hora de comparecer en el juicio o una audiencia, o durante cualquier fase del procedimiento en la que haya debido presentarse.
Esto último implica por qué la mayoría de las personas buscadas en Puerto Madryn, cifra que asciende casi a 200, fue declarada “en rebeldía” tras no comparecer ante un requerimiento de la Justicia.

Más procedimientos y más detenidos

El incremento en las capturas devenidas de pedidos vigentes por parte de la Justicia, también tiene que ver con el aumento en los procedimientos callejeros de identificación de personas; se trata de operativos que han comenzado a realizarse con mayor frecuencia en Puerto Madryn, principalmente durante los fines de semana y que, en un principio, generaron quejas de vecinos que se sintieron interpelados por personal policial.
Frente a ello, desde la Unidad Regional habían explicado que tanto los procesos de identificación como los palpados preventivos “son legales” y se encuentran contemplados por la legislación vigente.
Este tipo de procedimientos arrojó casi una veintena de detenciones en lo que va del año, en virtud de aquellos ciudadanos sobre los cuales había un pedido de captura ordenado por la Justicia, dato que, al verificar la identidad, fue arrojado por la base de datos compartida entre la Justicia y las fuerzas policiales.