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Una grave denuncia que prosperaría en la justicia federal expondría que funcionarios de la administración provincial de la gestión que encabeza Mariano Arcioni, estarían facilitando guías de pesca apócrifas para determinadas empresas ´amigas´, en las cuáles surgen movimientos de ingreso y egreso de mercadería que no coincidirían en absoluto con la realidad. Entre otras cosas los investigadores del hecho estarían recabando información sobre el circuito de las presuntas mercaderías, el destino y los autores de la adulteración de documentación oficial, que comprometería seriamente a la actual administración de la Secretaría de Pesca del Chubut, que lidera Adrián Awstin.

Dos casos ´testigos´

Las guías con irregularidades detectadas pertenecerían al talonario oficial de que va de los números 13950 al 13975.
La gravedad del hecho es que las guías ´truchadas´ están firmadas y con sello oficial de inspectores de pesca que no están en actividad.
Los dos casos a los que tuvo acceso El Diario corresponden a la Guía 13965 labrada con fecha 19 de enero de 2020 por 230 cajones de pescado de 17 kilos cada uno, sumando 3.910 kilos de langostino provenientes de un barco artesanal llamado ´7 de Agosto´ perteneciente a la empresa ´Tupamaro´ que afirma se transportó en un camión identificado como ´HT2 941´ con destino a la planta procesadora ´Daccord SRL´ en Puerto Madryn. Esta guía que tiene carácter de declaración jurada, tiene una firma y el sello de la empleada Melana Karina que no se encontraría en actividad ya que estaría bajo licencia por cuestiones personales desde hace bastante tiempo.
En el segundo caso, la Guía 13968, con 12 números posteriores a la primera detectada pero emitida apenas un día después, los datos resultan muy similares: fue labrada por con fecha 20 de enero de 2020 por 240 cajones de pescado de 17 kilos cada uno, sumando 4.080 kilos de langostino provenientes también del barco artesanal llamado ´7 de Agosto´ perteneciente a la empresa ´Tupamaro´, y donde se afirma que se transportó en el mismo camión que la anterior, identificado como ´HT2 941´ con destino a la planta procesadora ´Daccord SRL´ en Puerto Madryn. En este caso, el inspector que firmaría de acuerdo al sello estampado sería Luis Alberto Guzmán, un empleado que ya no pertenecería al organismo.
La deducción que fueron haciendo los encargados de investigar es que si se tratara de una sola firma y sello con irregularidad, bien podría pensarse en un ´error´. Sin embargo, al tratarse de dos firmas y sellos justamente de personal que no está en funciones el tema alertó sobre un mecanismo de infidelidad administrativa que difícilmente se puede considerar que estuviera burlando también el control de las máximas autoridades administrativas.

Documento oficial

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Precisamente los datos consignados en las “Guías de Tránsito de Pescados y Mariscos” que dispone la Ley 2409, tienen carácter de documento público y declaración jurada. Y de acuerdo a lo que marca el Código Penal Argentino (Ley 9.155) en el Libro II, Título VIII sobre ´Los delitos contra la fe pública´, en el Capítulo II se especifica a propósito de ´Falsificación documentaria´ en el Artículo 236 que si “El funcionario público que ejerciendo un acto de su función, hiciere un documento falso o alterare un documento verdadero, será castigado con tres a diez años de penitenciaría. Mientras que en el Artículo 237 se especifica que si se tratara de “Falsificación o alteración de un documento público, por un particular o por un funcionario, fuera del ejercicio de sus funciones, será castigado con dos a seis años de penitenciaría”.
Por lo que en cualquiera de los casos el hecho es de gravedad penal con el consiguiente impacto en las autoridades por la responsabilidad que les compete en el marco de sus deberes de funcionarios públicos, debiendo velar por la transparencia de los procedimientos y el cumplimiento de la Ley.

Una causa abierta

Estos hechos se enmarcan en una compleja situación de irregularidades y sospechas que ciernen sobre un organismo que históricamente ha sido botín político de varias administraciones en Chubut, pero que particularmente en esta oportunidad arrastra una tensa polémica.
Cabe recordar que hace apenas seis meses, el SUTAP (Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias) formalizó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal también por ´liberación´ de Guías de transporte de Pescado por las autoridades pertinentes.
Fue cuando la Secretaría de Pesca de Chubut dictó, en el marco del conflicto laboral con los empleados estatales, resoluciones adoptando “medidas de excepción” para que los buques que arribaran a los puertos pudieran desembarcar sus capturas y se transportar el langostino “sin las guías de tránsito” que exige la Ley 2409. Para eso, se instrumentaron resoluciones apelando a un decreto que autorizaba ´para casos excepcionales´ que las empresas entreguen con posterioridad y en carácter de declaración jurada, lo que se desembarcó y transportó.
En ese momento, tratando de ´legalizar´ la ilegalidad, la Dirección de Control y Fiscalización comunicó a la Prefectura Naval la vigencia de la Resolución Nº 205/2019 de la Secretaría de Pesca impuesta por sobre la Ley, por medio de la cual «se autoriza a los vehículos de transporte debidamente habilitados, con carácter excepcional y mientras perduren las circunstancias que afectan al normal funcionamiento de la tarea inspectiva que la Secretaría de Pesca lleva adelante en las terminales portuarias, a egresar de los puertos de la Provincia con destino a las plantas procesadoras transportando la captura descargada de los distintos buques pesqueros, sin la correspondiente guía de tránsito (SIC), ello al amparo de las razones expuestas en la resolución», decía la nota remitida a la autoridad naval por parte del director del Control, Guillermo Meoqui.
Este procedimiento presuntamente no fue observado por la Prefectura Naval Argentina.

Mecanismos sospechosos

Ya en el mes de mayo de 2019, y en el marco de otro conflicto de similares características se había dictado un instrumento administrativo con el mismo objetivo. Por todo esto, en el Ministerio Público Fiscal de Rawson se abrió el Legajo de Investigación Fiscal «Caso 19.797», del mes de mayo de 2019, sobre «denuncia de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad», rezaba el expediente judicial que no se sabe porque no prosperó o en que instancias se encuentra debido a los recurrentes paros judiciales y feria de verano.
La denuncia formalizada en los tribunales de Rawson, a instancias del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP) alertó sobre esas medidas de excepción contraviniendo lo establecido en la Ley Provincial de Pesca, y dictando actos administrativos paralelos para evitar el control previo exigido por la legislación vigente lo cual configuraba un delito que se encuentra tipificado en el Art. 148 del Código Penal considerando que hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, decía aquella anticipatoria denuncia.
Ahora, este caso de falsificación de documentación pone ya fuertemente la lupa sobre los manejos discrecionales e irregulares que sostendría en el tiempo la Secretaría de Pesca provincial que conduce Adrián Awstin y un selecto grupo de funcionarios de alto rango de la administración Arcioni.