Marcos Luis Gallardo, más conocido como “El Trompa”, fue imputado como presunto autor de la tentativa de homicidio de Gisella Pérez, en un ataque perpetrado el 30 de noviembre de 2019 en el barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia.
Su detención se concretó el pasado jueves en la localidad de El Hoyo, y mediante el sistema de videoconferencia se realizó la audiencia de control de detención.
A pedido de la Fiscalía, el juez dictó tres meses de prisión preventiva y le otorgó a la parte acusadora el mismo plazo para investigar.
La audiencia tuvo lugar entre la Oficina Judicial de Esquel y la de Comodoro Rivadavia, mediante el sistema de videoconferencia, y el acto fue presidido por el juez penal Martín Cosmaro, mientras que la Fiscalía fue representada por Camila Banfi. El detenido, en tanto, fue asistido por la defensora pública, María de los Ángeles Garro.

Dos meses prófugo

En ese contexto la parte acusadora solicitó que se declarara legal la detención de Gallardo, quien contaba con pedido de captura y orden de detención firmada por un juez competente.
El sujeto había sido aprehendido en El Hoyo, lugar de la Comarca Andina donde le seguían los pasos los policías de la División Policial de Investigaciones (DPI) de la ciudad petrolera.
Asimismo, la fiscal Banfi solicitó que se formalizara la investigación preparatoria en su contra y calificó el caso como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa”, en relación al ataque del 30 de noviembre en complejo habitacional conocido popularmente como las “1008 viviendas”.

Definen si irá a juicio

En esa ocasión, según la imputación de la Fiscalía, Gallardo hirió a Gisella Pérez y a su pareja, Carlos Llanos. Este último se recuperó rápidamente, pero la mujer estuvo en una situación delicada de salud que puso en riesgo su vida.
Teniendo en cuenta que el imputado cuenta con antecedentes penales computables, sumado a los riesgos procesales como el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación en caso de contar con libertad ambulatoria, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el término de tres meses, y el mismo plazo para concluir con la investigación preparatoria.
Finalmente, el juez resolvió declarar la legalidad de la detención, formalizó la apertura de la investigación y, además, acordó la prisión preventiva por el plazo solicitado por la Fiscalía, así como también con los tres meses para finalizar la etapa investigativa y poder elevar, eventualmente, la causa a juicio oral y público.