La semana pasada se conoció que Cristian Eguillor, ex titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS), irá a juicio tras ser apuntado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública cuando era funcionario de la Provincia.
Ahora, la novedad pasa porque ayer se adelantó que Ignacio Hernández y Leandro González, ex vocales por el Gobierno en el directorio del ISSyS durante 2016 y 2017, podrían ser imputados en si los representantes del Ministerio Público Fiscal logran comprobar que cometieron las mismas acciones por las que se acusa a Eguillor.
Vale recordar que la acusación de los fiscales afirma que el ex titular de SEROS benefició con aumentos en las prestaciones a TESLA, una empresa médica de Trelew. Específicamente, esta fue la postura expresada por los fiscales Omar Rodríguez y Lucas Koltsch, quienes representan al Ministerio Público Fiscal en dicha causa, la cual tiene como juez a Marcelo Nieto Di Biase.

Habrían trasgredido la ley

La postura de los integrantes del Ministerio Público Fiscal sigue siendo la misma, acusando al ex titular del ISSyS de cometer presuntas negociaciones incompatibles y también de haber violado la ley de Ética Pública, afirmando que se benefició, con su accionar, a una empresa que tenía intereses creados.
En este sentido, cabe recordar también que en la audiencia de la semana pasada, Federico Ruffa, abogado defensor de Eguillor, argumentó que estas acciones correspondían a “una práctica habitual dentro de SEROS” y que su defendido “no era el único” caso de un miembro del directorio que otorgaba incrementos que lo alcanzaban de manera directa.
Esto encendió las alarmas, pero el letrado continuó e hizo mención a casos específicos y nombró al ex presidente Alberto Schulman, quien es dueño de un laboratorio. Además, mencionó que Hernández es socio de un centro de cardiología y que González es médico ginecólogo. En su afán de defender a Eguillor, el abogado defensor aseguró que todos eran prestadores de la obra social SEROS al momento de firmar resoluciones que daban incrementos en las prestaciones. Esta postura fue expresada para indicar que si sólo investigaban a su defendido por el delito que se le endilgaba, podría considerarse que había una persecución personal.

Puntapié para ampliar la investigación

Estas declaraciones y ejemplificaciones esgrimidas por Ruffa despertaron dudas en el fiscal Rodríguez, quien finalmente habría decidido investigar para corroborar estas precisiones. En este sentido, en caso de que puedan ser comprobadas, el Ministerio Público Fiscal también presentará acusaciones contra los mencionados, acusándolos de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.
Asimismo, la situación no es la misma para los tres ex funcionarios mencionados, teniendo en cuenta que el caso de Schulman ya estaría fuera del alcance de los investigadores, teniendo en cuenta que dejó el cargo hace 10 años y ya habrían prescripto los plazos.
Distinta es la realidad que viven Hernández y González, ya que ellos fueron funcionarios de SEROS entre 2016 y 2017, por lo que la Justicia todavía está a tiempo de investigarlos. El paso siguiente es que los representantes del Ministerio Público Fiscal en la causa analicen si las declaraciones de Ruffa son certeras e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Elevación a juicio oral

Vale recordar que la semana pasada se realizó la audiencia preliminar en esta causa, donde los acusadores, que integran la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI), esgrimieron que el ex titular del ISSyS estaba vinculado con una prestadora médica a la que supuestamente beneficiaba aumentándole los aranceles, los cuales terminaban siendo pagados por los afiliados y por la obra social que en ese momento estaba bajo su mando.
En tanto, luego de escuchar la postura de cada una de las partes y de hacer una observación minuciosa del material probatorio anunciado por los fiscales y también por el letrado defensor del acusado, el juez Di Biase resolvió que la causa contra Eguillor sea elevada a juicio oral y público. Ahora se está desarrollando la instancia de investigación, donde los acusadores intentarán recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para confirmar su postura, al tiempo que el abogado defensor intentará excusar al ex titular del ISSyS de lo que se lo apunta.