El Procurador General de Chubut, Dr. Jorge Miquelarena, reveló que remitió al Juez Canicoba Corral por pedido de éste, información vinculada a un presunto espionaje ilegal sobre el Gobernador chubutense, que se habría producido también sobre otros mandatarios provinciales de la Argentina.
En primer término, Miquelarena emitió su opinión acerca de la causa del Vicegobernador: “estoy enterado de esta situación desde su génesis, he mantenido permanente contacto directo con Sastre y con Báez, y como Báez dice, se avanza con la investigación y en eso se está, para ver la verosimilitud o no de lo que esta gente le está informando al Vicegobernador”.
“Yo le sugerí Sastre que se presente en la fiscalía. Se comunicó conmigo haciéndome saber lo que le estaba pasando, que recibía mensajes de al menos dos personas distintas advirtiéndole de esta situación. Le sugerí eso para que habilite de ese modo una investigación preliminar por parte de Fiscalía para determinar la gravedad o no de este episodio”, enfatizó.
Y agregó que “al que mencionó Báez (el sargento Cleri) lo conozco solo de vista. El otro si es quien pienso que mencionó el Fiscal, sí lo conozco. No sé si es creíble la versión que circula, dijo que es materia de investigación por parte del Fiscal. Suele haber personal policial que pasa por adscripciones por algún área del Ministerio Público Fiscal, y puede ser que se trate de alguna persona de esa característica”.
La secuencia comienza cuando el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, titular del juzgado federal N° 6 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, requirió información a la procuración general de la provincia sobre las reiteradas consultas que se hacían intentando averiguar por los trámites migratorios que hacía el gobernador Mariano Arcioni para salir del país.
Las consultas partían de personal de la fuerza policial adscripto a la procuración que integró la llamada “policía judicial”, un organismo de poca actividad, pero con poder de investigación, entre ellas el acceso a este dispositivo de información para el cual se requieren claves.
Como es un sistema encriptado, las consultas fueron rápidamente advertidas desde el juzgado porteño que disparó la lógica inquietud: en torno a qué causa se estaba utilizando este mecanismo para investigar al propio gobernador sin orden judicial o si la hubiera, que se detalle cuál.
Miquelarena detalló además que ni bien recibieron el pedido del juez porteño se inició un sumario interno para determinar quiénes desde el ámbito local estaban haciendo un seguimiento ilegal para saber los movimientos hacia el exterior del gobernador y a poco de andar dieron con el responsable.
Se trataría de un comisario, adscripto a la policía judicial, que fue separado del cargo, previo a constatar que se había utilizado una clave de acceso desde un IP perteneciente al padre del funcionario policial.
Esa investigación originada en Buenos Aires se vincula al menos en uno de sus protagonistas con una más reciente vinculada con la denuncia que realizó el vicegobernador, Ricardo Sastre. Ocurre que el mismo comisario que revisaba las salidas de Arcioni al exterior sería uno de los que envió recientemente mensajes a Sastre por “interpósitas personas”, advirtiéndole que querían “plantar una causa por drogas”.
El mismo comisario que buscaba datos sobre Arcioni sería quien ahora alertó al vicegobernador de una posible “cama”, y a su vez mantendría contacto con el Sargento Alberto Cleri, quien también le envió mensajes en esa línea a Sastre.