En su afán por defender a Cristian Eguillor, ex titular del Instituto de Seguridad Social y Seguros de Chubut (ISSyS), el abogado Federico Ruffa provocó que otros ex integrantes de la entidad sean investigados por la justicia, y ahora se están buscando las pruebas correspondientes. Puntualmente, lo que sucedió fue que días atrás el letrado afirmó que lo que se le imputaba a su defendido correspondía a una práctica habitual dentro del directorio de SEROS.
No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal consideraron que esto no eximía de culpas a Eguillor, sino que ahora se debe poner la lupa también sobre aquellos ex integrantes del ISSyS mencionados por Ruffa. Así, el fiscal Omar Rodríguez ya inició una investigación preliminar que incluye a actuales integrantes del directorio de la obra social, como a algunos que ya no se desempeñan más allí. Específicamente, lo que hizo el representante del Ministerio Público fiscal fue presentar un escrito ante SEROS para que sean respondidos por Pablo Aguilera, quien actualmente se desempeña como director de Asesoría Legal.
Entre otras cosas, la requisitoria de Rodríguez se centró en información respecto a la normativa vigente para las relaciones contractuales entre el ISSyS y los prestadores; quién tiene a su cargo las contrataciones y el control de las mismas; si las personas de apellido González, Hernández y Schulman ocuparon cargos en el Directorio del Instituto y durante qué período de tiempo.

Solicitudes del fiscal

Esto último refiere a Leandro González, Ignacio Hernández y Alberto Schulman, para quienes también se pidió información para saber si habían suscripto resoluciones autorizando la modificación de aranceles con el consiguiente aumento de los mismos, respecto de prácticas profesionales que eran llevadas a cabo por los propios integrantes del Directorio. Además, el fiscal solicitó datos sobre si los tres hombres enumerados con anterioridad integraban sociedades que contrataban con el ISSyS.
Rodríguez también incluyó en el escrito presentado ante el ISSyS una requisitoria para determinar si algún miembro del Directorio contrata con sí mismo, recibiendo una contraprestación de la obra social provincia, y si existen en la actualidad empleados y funcionarios del Estado Provincial que sean proveedores del Instituto.
El representante del Ministerio Público Fiscal de Chubut en esta investigación aclaró que SEROS no tiene actualmente un régimen de contratación propio, sino que “están adheridos a la Ley 5.447, ahora II-76, que en el artículo 102 dice que agentes o funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado Provincial”.
Esto implicaría que “si sos médico o bioquímico y contratás con el Estado, está obligado a pagarte la prestación a través de la obra social. Y existiría una incompatibilidad si además es funcionario que también trabaja para el Estado. Entonces si sos funcionario no deberías contratar con la obra social”.

Médicos y funcionarios

Si bien se encuentra en los primeros pasos de la investigación judicial, el fiscal ya confirmó que hay ciertas contradicciones en el ISSyS, al mismo tiempo que acusó que “hay médicos que son prestadores médicos y son funcionarios. También hay otros que tienen centros médicos. Pero nunca nadie dijo nada porque no está escrito que no lo pueden hacer”.
No obstante, el énfasis de Rodríguez está puesto en otro delito presumido, que para él resulta ser mucho más gravoso, como es el supuesto incremento de los aranceles para el beneficio personal de los integrantes del Directorio. Al respecto, el fiscal remarcó que si alguna persona integra el cuerpo que toma decisiones dentro del ISSyS “participa de las resoluciones aumentándote los aranceles. Por lo que SEROS debería no tener que pagar al médico que es funcionario. Es más grave cuando integro el Directorio y me aumento a mí mismo, eso es incompatibilidad”.

Acusación contra Eguillor

Puntualmente, esto último es lo que se le endilga desde la Fiscalía a Aguillor de haber hecho, ya que lo acusaron de practicar negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, delito previsto en el artículo 265 del Código Penal de nuestro país.
En tanto, Rodríguez también requirió en su escrito a que las autoridades de SEROS informen sobre alguna observación que hayan recibido desde el Tribunal de Cuentas respecto de algún miembro del Directorio.

Apuntan contra un integrante del Directorio

Esto último se debe a que desde el Ministerio Público Fiscal sospechan que hay un integrante del Directorio que habría tenido que desarrollar un descargo. De hecho, el Tribunal explicó que uno de los vocales del ISSyS era prestador y participaba de las resoluciones en donde se determinaban los incrementos tarifarios.
“Hay dos dictámenes en el Tribunal de Cuentas”, de dos integrantes distintos “que hicieron esas observaciones”, afirmó. Según el fiscal, este vocal “tendría que haberse excusado antes de haber intervenido en esas resoluciones ya que violentó la imparcialidad que tendría que tener el funcionario público”.
Rodríguez remarcó que inició esta investigación por lo que dijo el abogado Ruffa públicamente, no sólo en la audiencia sino también a los medios de comunicación en las entrevistas y ruedas de prensa que brindó durante los últimos días.
En cuanto al período de tiempo en que buscará antecedentes dentro del ISSyS, explicó que se toma para la prescripción la pena máxima del delito, en este caso seis años. Aunque hay jurisprudencia de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires que marca que los delitos de corrupción son imprescriptibles.
Por último, el representante del Ministerio Público Fiscal en esta causa consideró que “se debe blanquear esta situación, porque hay subsecretarios y otros funcionarios que son proveedores del Estado”. No obstante, ahora el paso siguiente es aguardar cómo avanza la pesquisa preliminar.