En un hecho sin precedentes, al menos reciente, ayer los magistrados provinciales se sumaron a los reclamos esgrimidos por todos los trabajadores del Poder Judicial, quienes se manifiestan en contra de los incumplimientos por parte del Gobierno Provincial. Puntualmente, los reclamos se basan en que hace menos de una semana el Ejecutivo terminó de cancelar los sueldos de diciembre y todavía no comenzó a pagar los de enero, al tiempo que tampoco hubo ninguna precisión de las fechas en las que se depositarán los haberes correspondientes al primer mes del año de todos los trabajadores de la Administración Pública.
Esta situación, agravada por la prolongación en el tiempo, teniendo en cuenta que se vive desde mediados del año pasado, ha despertado un malestar contundente en todos los sectores del Estado, por lo que los empleados públicos están empleando distintas medidas de fuerza para reclamar.
No obstante, los magistrados siempre se habían mantenido al margen de las protestas, aunque en los últimos días obtuvieron el beneplácito por parte de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia (STJ) y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCh) para sumarse a los reclamos. Asimismo, exigieron que se garanticen las guardias mínimas y que se cumplan con los plazos previstos para que el servicio de justicia siga funcionando.
En este contexto, ayer se concretó el “Ruidazo” en todos los Tribunales de la Provincia, donde los trabajadores del Poder Judicial, sumados los magistrados, se manifestaron en contra de las medidas implementadas por parte de la administración de Mariano Arcioni. La iniciativa comenzó a las 12:45 con los empleados, mientras que los magistrados se sumaron desde las 13 y hasta las 13:15.
Uno de los puntos a destacar en este sentido es que los magistrados no sólo son los jueces, sino que también están incluidos los fiscales y los defensores públicos, por lo que la repercusión de que éstos se sumen a las protestas y a las medidas de fuerza es sumamente contundente y pone en riesgo el acceso al servicio de justicia por parte de toda la comunidad chubutense.