Con el voto unánime de todos sus integrantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes que las mujeres privadas de su libertad perciban las asignaciones familiares por hijo y por embarazo.
De esta manera, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había condenado a la ANSeS a pagarle esos beneficios a las internas del Centro de Detención de Mujeres Unidad 31, ya sea quienes estuvieran embarazadas o quienes hubieran optado por permanecer en prisión con sus hijos menores de 4 años.
El reclamo, que fue promovido por la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría Oficial mediante un habeas corpus a la ANSeS, había sido rechazado por la justicia federal de La Plata pero Casación lo admitió con fundamento.
Entre sus razones argumentó que la negativa a reconocer los beneficios pretendidos configuraba un “supuesto de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” y que la “ley de asignaciones familiares no excluye a las mujeres privadas de la libertad ni a sus hijos”.
En esa oportunidad -en su voto- el juez de Casación Gustavo Hornos sostuvo que “el derecho a trabajar, es un derecho que la persona conserva aún privado de su libertad, y como tal, goza de la protección constitucional del artículo 14 bis que específicamente dispone que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social”.
En su sentencia, la Corte Suprema consideró que la interpretación dada por la Cámara de Casación a las normas aplicables había sido en favor de los derechos consagrados por la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.