El Gobierno Nacional tiene como uno de sus objetivos principales, al menos en el futuro inmediato, la renegociación de la deuda pública, sobre todo la que tiene con aquellos bonistas que cuentan con títulos en divisas emitidas con legislación extranjera. En el total de los pasivos está todo lo emitido durante la era de Mauricio Macri, aunque también hay deuda heredada de la presidencia de Néstor Kirchner.
Puntualmente, en total la suma que se negociará llega a los 70.000 millones de dólares, del total de 80.000 millones de dólares sostenidos con el sector privado bajo legislación extranjera. Justamente, los 10.000 millones restantes corresponden a avales de colocación, compromisos de financiamiento y deuda directa con bancos, los que no necesariamente tienen que ingresar en el llamado que se efectivizará la semana que viene.
En este contexto, en las próximas horas se resolverá finalmente si este sobrante se incluye o no en la negociación total, teniendo en cuenta que durante el fin de semana se confeccionará la oferta final, que será comunicada por el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. En tanto que las precisiones serán otorgadas por el presidente Alberto Fernández el próximo domingo, cuando hable ante la Asamblea Legislativa, inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

Sólo el 38%

Si bien es cierto que el número que buscará negociarse es contundente, sólo corresponde al 38% del total de la deuda pública que tiene nuestro país, que en total alcanza a los 324.037 millones de dólares, según los datos aportados por el Ministerio de Economía de la Nación en diciembre de 2019. Vale aclarar que este monto es el equivalente al 88% del Producto Bruto Interno de Argentina.
Luego, en importancia, se ubica la deuda con organismos internacionales, por un total de 72.680 millones (y que incluyen los 44.000 millones de dólares del préstamo stand by al Fondo Monetario Internacional) y unos 46.352 millones emitidos en pesos bajo legislación nacional. Sin embargo, ese 38% condiciona al resto de la deuda argentina, ya que, junto con la del Fondo Monetario Internacional, es la que resulta impagable en el mediano plazo y que debe ser, inevitablemente, reestructurada. Y con una quita considerable en cuanto al capital e intereses. En caso de que esto no ocurra, todos los caminos conducirían a que Argentina entre en default y se declare imposibilitada de hacer frente a sus compromisos.

Cambios sobre la marcha

La primera decisión política que había tomado el Gobierno Nacional era renegociar sólo la deuda emitida durante el gobierno de Mauricio Macri, y que llega a unos 50.000 millones de dólares, incluyendo todos los bonos diseñados en los tiempos de Luis Caputo como secretario de Finanzas primero y ministro después.
La intención primaria, especialmente de parte del kirchnerismo, era la de plantearle al mundo que son únicamente los títulos públicos lanzados por la gestión macrista los que el país no puede pagar, dejándole en claro a los acreedores que poseen este pasivo, especialmente los fondos de inversión que llegaron al mercado local de la mano de Caputo, que son corresponsables de la nueva debacle financiera del país. Y que en consecuencia deben hacerse cargo del fuerte castigo que les llegará, bajo el nombre de una quita de las acreencias y extensiones de los plazos de pago.

Influencia del FMI

Fue la presencia funcional como actor protagónico del proceso del Fondo Monetario Internacional, lo que hizo cambiar la estrategia de Fernández y su equipo económico. Puntualmente, los técnicos de la entidad internacional que fiscalizaron hasta la semana pasada los números locales, encabezados por la Julie Kosack, directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental, y el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu; establecieron que ante los acreedores no puede haber distinciones sobre en qué Gobierno se emitió cada tipo de deuda sino que el criterio general es que el total de los bonos lanzados bajo jurisdicción extranjera son impagables.
Incluyendo la emitida durante el gobierno de Néstor Kirchner para salir del default, y que suma unos 20.000 millones de dólares, especialmente concentrados en el principal bono que debe el país: el Cupón PBI por el que se adeudan unos 12.787 millones de dólares.
La misión del FMI determinó que la definición de “no sustentable” de la deuda es general y no excluye pasivos emitidos por diferentes gobiernos, sino que haya sido emitida en jurisdicciones extranjeras. Kosack y Cubeddu, con el aval de la jefa del organismo, Kristalina Georgieva, le aclaró al Gobierno Nacional que no debe haber distinción y que todo el pasivo debe entrar en revisión general, con lo que al Poder Ejecutivo no le quedó otra opción que incorporar los bonos emitidos para salir de la crisis de 2001.
No será fácil para el Gobierno presentar esto último, ya que no es común que un país deba renegociar el default más importante del mundo (el de 2001 bajo el canje de 2005) y luego volver a llamar a los tenedores de esa deuda para reestructurar lo estructurado. El consuelo es que la mayoría de los acreedores son bancos y fondos de inversión y que queda muy poco de los antiguos poseedores originales de la deuda caída en desgracia luego del colapso de la convertibilidad.

Nueva deuda de enero

En contrapartida de estos posicionamientos del Gobierno Nacional de reducir la deuda actual, en el transcurso de enero de 2020 la deuda pública interna y externa, tanto en pesos como en moneda extranjera, aumentó 1.272 millones de dólares. Así, creció de 323.177 millones de dólares al 31 de diciembre a 324.449 millones de dólares al 31 de enero, según los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. En tanto, si se divide por los cerca de 44,5 millones de habitantes que tiene el país, cada uno debe una cifra cercana a los 7.300 dólares.
Lo que pasó el mes pasado es que el Gobierno Nacional tomó nueva deuda en pesos y dólares por el equivalente a 3.908 millones de dólares, incluidos los 1.268 millones de dólares de la Letra colocada en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y canceló vencimientos en moneda nacional y extranjera por 2.805 millones de dólares. Además, hubo un incremento de 170 millones de dólares por «ajustes».

Las provincias también renegocian

La deuda externa es el principal punto de presión para la economía argentina. La emisión irracional de bonos en los últimos cuatro años provocó una nueva crisis de deuda y la necesidad de negociar con los acreedores internacionales una reestructuración de los pagos. La carga de vencimientos del Gobierno nacional es la más importante pero no es la única. El abuso del endeudamiento hasta principios de 2018 arrastró a las provincias a colocar bonos en los mercados internacionales potenciando las tensiones.
El prospecto original de los títulos emitidos por los gobiernos provinciales muestra que enfrentan una carga importante de deuda para 2020. Los vencimientos de capital e intereses acumulan 2257 millones de dólares a lo largo del año. Esta es la cifra que deberían cobrar los acreedores con títulos bajo Ley extranjera si no hubiera reestructuración de las deudas provinciales. Los analistas del mercado consideran que buena parte de los bonos de las provincias se renegociarán en línea con lo que ocurra a nivel nacional.
La provincia más expuesta este año es Buenos Aires. Concentra el 62 por ciento de todos los pagos de deuda que deben hacer los gobiernos provinciales a acreedores con bonos en dólares bajo Ley extranjera. En enero se acumularon vencimientos importantes por 307 millones de dólares. El próximo pago relevante debería hacerse a mediados de año. Durante junio vencen 547 millones de dólares (incluye capital e intereses).
Las provincias de Chubut, Neuquén, Mendoza y Río Negro suman pagos a lo largo de este año por 250 millones de dólares. Las de Salta y Jujuy lo hacen por 73 millones de dólares y en Santa Fe la cifra se ubica en 35 millones. En Entre Ríos la carga de vencimientos es de 31 millones de dólares mientras que en Chaco se ubica en 23 millones.