Un proyecto para recrear el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, que la gestión de Juntos por el Cambio eliminó en 2018, generó tensión entre los legisladores nacionales que impulsan la iniciativa y las entidades agropecuarias que están en lucha por las retenciones. Pese a esos cortocircuitos, el Gobierno de Alberto Fernández dejó en claro que no está interesada en reinstalar el fondo, que durante años funcionó como un salvavidas para gobernadores e intendentes.
Para las complicadas finanzas provinciales, volver a contar con el Fondo Sojero no era una solución, pero sí una ayuda considerable para las arcas locales.
El proyecto de la diputada nacional tucumana Beatriz Ávila -del interbloque liderado por José Luis Ramón- propone girar a las provincias el 20% de las retenciones que recaen sobre soja, maíz y carne, con el compromiso de que esos recursos se usen solamente para obras de infraestructura. La idea consiguió sumar a todos los integrantes de su bloque, pero también a Carlos Selva, del Frente de Todos; Gabriel Frizza, de Pro, y Felipe Álvarez, aliado de Juntos por el Cambio.
La creación del Fondo Sojero se remonta a 2009; la entonces presidenta Cristina Kirchner estableció que se armaría con el 30% de las retenciones de la soja y que las provincias debían, a su vez, coparticiparlos con los municipios, que fueron los que más sufrieron cuando se eliminó el Fondo Sojero en 2018, en el marco de las disposiciones del pacto fiscal.
En tanto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que en sus dos últimos años de existencia, el Fondo Sojero cubrió entre 15% y 20% del gasto de capital anual de algunas provincias y municipios. En Santa Cruz llegó a cubrir 64% de su obra púbica. Cuando Mauricio Macri lo eliminó, fijó compensaciones para las provincias.
En este contexto, vale recordar que los ministros de Economía provinciales realizaron una propuesta similar en la primera reunión que mantuvieron con Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior. La respuesta fue negativa y se basó en que la decisión de incrementar ese impuesto era para cubrir las necesidades nacionales.
Lo que pretendían las provincias, en especial las que más aportan por retenciones, es recuperar parte de lo que dejarán de percibir por Ganancias (impuesto coparticipable) debido al aumento de los derechos de exportación.