El Gobierno argentino decretó este viernes la cuarentena obligatoria en todo el territorio desde el 20 hasta el 31 de marzo para evitar la propagación de la COVID-19 en el país, donde hasta el momento se han confirmado 128 casos, tres de ellos mortales. La violación de la cuarentena tiene, como sanción, penas de prisión de 15 días a dos años de prisión.

En una declaración ante a prensa, el presidente Alberto Fernández afirmó que adoptó la medida para «proteger la salud de los argentinos» y lamentó que haya personas «que aún no entiendan que no se puede circular por las calles».

La decisión que adoptó el jefe de Estado implica la restricción al máximo de los traslados, y la mayoría de los ciudadanos deberá permanecer en sus hogares, con permiso para salir únicamente a comprar alimentos o medicinas.

Quienes no estén dentro de los grupos de excepción e incumplan con la norma, serán responsables de la comisión de un delito tipificado en los artículos 205 y el 239 del Código Penal.

En el artículo 205 del actual Código se establece que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia».