Ante el reclamo de los gobernadores petroleros y su amenaza de no apoyar ninguna ley si el Ejecutivo seguía sin atender la crisis del desplome de precios, el gobierno finalmente aceptó la propuesta de fijar un barril criollo.
Según fuentes del sector, la idea de Kulfas es ubicar este precio sostén en torno a los 46 dólares, es decir, en un punto intermedio entre los 54 dólares que pretendían las provincias y los 25 dólares en los que cotiza el Brent actualmente.
Las naftas permanecerían congeladas -ya que estos valores se referencian en un barril de casi 50 dólares- y seguiría permitiendo un buen margen a las refinadoras, hasta ahora las más beneficiadas del esquema anterior.
Como contraparte, estas aceptarían absorber la actualización del impuesto a los combustibles, que desde hace meses era pospuesto por el oficialismo para evitar cualquier modificación en el surtidor que acelera la inflación. Claro está que a diferencia de estos momentos, en aquellos tiempos los combustibles locales se encontraban por debajo de la cotización internacional.
A las productoras, por su parte, se les reconocería este nuevo importe de forma retroactiva al 1 de marzo a cambio de mantener los niveles de empleo y actividad.
“Por supuesto que esto no soluciona la crisis del sector, pero es un parche para evitar un descalabro. Sería un acuerdo de 30 a 60 días para pasar este parate de la mejor manera posible”, indicaron desde una de las compañías.
Sucede que más allá del precio, el principal problema de todas las partes involucradas es el derrumbe de la demanda, que según el CEO de YPF fue del 70% en el caso de las naftas.
Esto impacta de lleno en el ingreso por regalías de las provincias productoras, que apenas podría amortiguarse con esta medida. Es por eso que también se autorizó un formato de retenciones móviles -como pedían los gobernadores- para poder derivar parte de esa producción al mercado externo. La alícuota bajaría al 0% de mantenerse estos precios internacionales y subiría de acuerdo a la recomposición del Brent.
La esperanza del sector es que la demanda vuelva a niveles normales para el mes de junio, aunque no se descartan otros escenarios. Sin embargo, las provincias sostienen que una vez superado el aislamiento social, el precio ofrecido por el gobierno no será suficiente para mantener los equipos de perforación. (Fuente: LPO)