En el transcurso del año pasado y los primeros meses de 2020 se realizaron distintas audiencias, debates y demás instancias judiciales vinculadas a presuntos hechos de corrupción llevados a cabo por ex funcionarios y empresarios durante la gestión Das Neves-Arcioni. De hecho, en la causa denominada Embrujo los fiscales lograron demostrar las asociaciones ilícitas y se alcanzaron condenas históricas para Chubut.
Ahora, la novedad pasa por la posibilidad que se abra una nueva investigación, ya que el fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción, del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, Omar Rodríguez, retiró en las últimas horas documentación del Ministerio de Salud de Chubut, la cual estaría vinculada con la contratación directa de la empresa Conexia, en mayo de 2017.
Con esta última novedad, el fiscal avanza en el análisis de posibles pruebas contra la firma que debía realizar la informatización de varios trámites vinculados con la salud pública provincial. Puntualmente, la compañía debía estar a cargo del sistema de turnos, la digitalización de historias clínicas, el control de stock de medicamentos, entre otras acciones específicas.
Lo que llamó la atención y despertó las dudas dentro del Ministerio Público Fiscal de Chubut fue que no se realizó ninguna licitación ni tampoco hubo otras firmas que se presentaran para competir por esta oferta.
“Hay muchos puntos en el contrato que la empresa se comprometió a llevar adelante. Son herramientas que daban la posibilidad al Ministerio (de Salud) de manejar información a nivel unificado, como estadísticas o detalle de enfermedades”, afirmó el propio Rodríguez.
Vale recordar que la denuncia contra el contrato en cuestión fue esgrimida por Fernando Urbano, pediatra y ex diputado. Al respecto, el representante de la Unidad Anticorrupción precisó que actualmente “estamos verificando y comprobando si estamos en presencia de un delito; es el primer paso de la investigación preliminar”.
Cabe aclarar también que por el contrato en cuestión el Estado chubutense debe pagar 111 millones de pesos en 60 cuotas actualizables. Al respecto, el fiscal dijo: “En su momento hubo dictamen de Asesoría Legal que decía que en función del monto, la regla es que debió ser una licitación pública, pero la ley de contrataciones específica de salud pública establece la conveniencia de contratar de manera directa”.
Ahora, lo que se investiga es si realmente el contrato directo con Conexia era conveniente “o si hubo algo más, como un direccionamiento en favor de la empresa”.
La firma tenía antecedentes de trabajo con el Instituto de Seguridad Social y Seguros, aunque “no tenía antecedentes en Salud, es la primera vez que interviene ahí y somos una suerte de conejillos de Indias, están haciendo sus primeros pasos porque no tenían experiencia”.
“Tenemos que ver el origen de la contratación para verificar si hubo algún interés más allá del bien común y de administrar bienes ajenos en beneficio de todos. Lo cierto es que no hubo concurso de precios para comparar; si no se comparó, ¿cómo sabemos si conviene económicamente?, ¿por qué no se llamó a otros y se contrató directamente a ellos? Eso tenemos que desandar”, se cuestionó el representante del Ministerio Público Fiscal.
Por último, según el propio Rodríguez, “debemos ver si la conveniencia está explicada de manera acabada o, por ejemplo, está dibujada”. Vale aclara también que además de llevarse documentación de Rawson, el fiscal charló con una de las subsecretarías de Salud que intervino en el contrato, acto que se llevó a cabo antes de todas las restricciones de aislamiento social por el Coronavirus.