La titular de la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mariana Ripa, se refirió al abordaje legal de la violencia de género en todos sus aspectos; una cuestión que abarca no solamente el plano jurídico y de jurisprudencia, sino también la necesidad de que la capacitación en género, a partir de la Ley Micaela, se constituya como un paso obligado para el ejercicio de la función.
“Son obligaciones funcionales, eso es dicha ley; no es voluntario, sino necesario”, reflexionó la abogada, que también reconoció los resonantes hechos de femicidio que han dado lugar a leyes como la de Violencia Familiar, con el caso Roxana León, asesinada a puñaladas en los Tribunales de Puerto Madryn hace 25 años, o bien el caso de Micaela García, violada y ultimada en Gualeguay en 2016: “La lucha que llevamos las mujeres y ese reconocimiento que después se vuelca en leyes, en general tiene que ver con la muerte y la sangre de las mujeres”, puntualizó.

Actuar desde todos los lugares

Al respecto, Ripa se refirió al abordaje de la violencia de género desde el ámbito judicial, donde la mayoría de las leyes o actuaciones suelen tener lugar luego de ocurrido un hecho de menor o mayor gravedad: “Eso casi siempre sucede en lo penal, pero podemos actuar desde otros lugares. Como por ejemplo, al recibir las denuncias, con un trato digno, en los juzgados de Paz, en una mesa de entrada con atención respetuosa a la mujer que va en busca de ayuda. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, como también procesar esas denuncias con la debida diligencia, no tomarlo como un tema menor”, expresó.

Leyes ejemplares

Asimismo, recordó que “en nuestra provincia ya ocurrió el primer femicidio de este 2020, y claramente, con una pena no se hace desistir a un femicida, pero sí se genera una lucha contra la impunidad, para que ese femicida tenga un juicio, que avance en el debido proceso, y con las penas más duras del Código Penal” y planteó que “esa es una forma de poner las cosas en su lugar; sobre aquello que no se pudo prevenir, porque depende también de otros poderes del Estado, entonces hay que luchar contra la impunidad, lo cual es un tema central”.

“No es voluntario, es necesario”

Consultada sobre la implementación de la Ley Micaela en el ámbito judicial y si se han encontrado con resistencias o escepticismos respecto de dicha innovación, la titular de la Oficina de la Mujer apuntó que “siempre, con aquello que es obligatorio; porque eso es la Ley Micaela, es la obligatoriedad y no la voluntad a capacitarse, como lo que viene haciendo desde hace muchos años AMJA, por ejemplo, la Oficina de la Mujer de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) y otros espacios donde todo el tiempo se daban capacitaciones”.
No obstante, “la diferencia central con la Ley Micaela es que se trata de una obligación funcional, y aquella persona que no la cumpla tendrá descuentos en sus haberes o será tomado como una falta grave en su función, algo tenido en cuenta para sus ascensos; esa es una diferencia central, ya que no es algo voluntario sino necesario”.

Una víctima es “todas las víctimas”

Por otra parte, la abogada remarcó la necesidad de que las personas “puedan, más allá de saber la letra del Código, la Ley y la normativa, entender el contexto; y ese contexto se comprende viendo esas diferencias sustanciales que tenemos las mujeres al intentar ejercer nuestros derechos, al luchar por la igualdad de oportunidades, el acceso a lugares de decisión política, de política institucional, o el acceso a manejo de recursos” y agregó que “desde la teoría feminista, siempre se subraya que, cuando una mujer es víctima de violencia, no lo es solamente en el caso particular, sino en un contexto que permite que eso ocurra; entender esto marca diferencias”.

Primero el hecho, luego la Ley

En esta línea, Ripa puso en valor que “hay mucho por hacer y cada vez somos más mujeres, incluso más hombres los que acompañan este reclamo, respetuosamente y en el lugar que les corresponde” y explicó que “hay que tener en cuenta que la lucha que llevamos las mujeres y ese reconocimiento que después se vuelca en leyes, en general tiene que ver con la muerte y la sangre de las mujeres; este 8 de marzo se vinculó en el 1.800 con 129 mujeres reclamando por sus derechos, quienes terminaron quemadas; la Ley Micaela con la muerte de Micaela García, y ciertamente la primera Ley de Violencia Familiar surgió con el entonces homicidio, ya que todavía no había sido acuñado el término ‘femicidio’, de Roxana León en la puerta de los Tribunales; muchas veces dicen que exageramos o que nos victimizamos, pero es una vivencia intransferible, sólo pedimos respeto y acompañamiento”.