El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, recomendó a la población a quedarse en sus domicilios e instó a restringir al máximo la circulación en los casos estipulados en la medida de excepción. Sostuvo que la actuación de las fuerzas de seguridad, para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio, debe darse en el marco del respecto de las garantías constitucionales y recomendó que cualquier exceso policial debe ser denunciado.
En cuanto a las competencias de jurisdicción, el magistrado dijo que las personas detenidas por violar el aislamiento incurren en un delito federal, pero puede actuar la policía provincial y los fiscales “porque primero se impone una cuestión operativa ante un caso tan dramático como este, y único en el país, y luego se discutirá la competencia”.
Sin embargo, el juez aclaró que “las intervenciones policiales se deben dar en el marco del debido proceso y no se permitirán atropellos de la fuerza pública” por lo cual pidió: “si existieran quejas, que formulen la denuncia para que no queden impunes”.
Sobre las 1220 personas que fueron demoradas, el juez explicó que primero se debe verificar en qué condiciones estaban circulando, “si se comprueba que la persona no estaba autorizada se aplica el protocolo de intervención porque existe el aislamiento preventivo y obligatorio”.
Indicó que se aplica el Artículo 205 del Código Penal para aquellos que incurren en el delito y violaran lo establecido, “se los demora, en algunos casos se les secuestra el vehículo por infringir la norma que no pueden moverse del domicilio, en algunos casos quedan detenidos”.
Con relación a la competencia, el juez explico que la justicia provincia interviene “porque hay una sobrecarga y se discutirá con posterioridad la competencia”.
Insistió que las detenciones por el artículo 205 están basadas sobre en una emergencia sanitaria y fundada en una pandemia mundial, “esa medida pretende evitar que la epidemia se derrame por todo el país y provoque una crisis sanitaria. Esta medida drástica condiciona nuestra vida y además debe intervenir las autoridades para hacer cumplir la orden presidencial y evitar la propagación de la pandemia”.
Dijo que se pone en juego la salud de las personas, la propagación de la epidemia afecta la salud en general y en principio la competencia es federal, “hemos dado instrucciones a la fuerza de seguridad para que puedan actuar conforme a un protocolo en función de necesidad y urgencia”.
Lleral indicó que a partir de la aplicación del decreto, la policía da intervención a la justicia provincial y acomodando los procedimientos están interviniendo las dos justicias, “en este momento estamos sometidos a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia y todos sufrimos los controles. Se debe exhibir la autorización para circular, los casos están llegando y cada tribunal adopta las medias apropiadas cuando reciben las actuaciones”.

Derechos vigentes

El juez federal de Rawson sostuvo que los derechos están vigentes, “se ha puesto por encima el derecho de la salud, que es lo que se trata de preservar, estas disposiciones han sido ordenadas por el Presidente luego de reunirse con un consejo de expertos en epidemias para proteger la salud de todos”.
Dijo que los procedimientos que se realizan están sometidos a los planteos que los particulares hagan y los derechos están vigentes por lo que deben ser respetados, “las personas que están denunciando un procedimiento brutal por parte de la policía lo pueden denunciar en las fiscalías de cada localidad”, aconsejó.

“Cordura y templanza”

Reconoció que en las fiscalías se han recibido denuncias “son hechos que se van a investigar, estamos llamados a aplicar la cordura y la templanza, se da una situación inédita en nuestro país, todo se ha modificado, esto nos ha puesto en jaque con cargas horarias tremendas para hacer cumplir las medidas, por eso llamamos a la reflexión, si no es necesario no salgamos de la casa”.

Cuidados en la U6

Sobre los cuidados que se llevan adelante en la Unidad 6 de Rawson, dijo que es responsabilidad de las autoridades carcelarias, “he denegado un pedido de prisión domiciliaria a una persona con prisión preventiva en común acuerdo a la opinión de los facultativos médicos, era riesgoso porque el domicilio que puso a disposición no era el de su familia, era de otro”.
Pero más allá de este caso, el juez insistió que las autoridades carcelarias son las que disponen las medias para que la epidemia no alcance el lugar, incluso organizan las visitas en la unidad para evitar algún contagio.