Ante los rumores que circularon acerca de puntos de venta que habían incrementado considerablemente los precios, en el marco de las restricciones establecidas por el Coronavirus, algunas entidades privadas salieron a cuestionar estas iniciativas y recordaron las disposiciones tomadas por el Poder Ejecutivo nacional
En este contexto, vale recordar que todos los centros de venta (hipermercados, supermercados, mini mercados, almacenes, autoservicios y/o supermercados mayoristas) deben exhibir los listados de los precios vigentes al día 6 de marzo para cada producto que comercialicen, los cuales tendrán carácter de declaración jurada y deberán estar disponibles para ser cotejados /y/o analizados por los funcionarios autorizados para realizar las inspecciones o cualquier otro requerimiento que las autoridades de aplicación pudieran solicitar, en el marco de la emergencia sanitaria actual.
Esto fue destacado y puesto en claro por el estudio jurídico Gómez Lozano, Pezzola y Tomasini, quien también recordó que “la medida fue dispuesta por Resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación Argentina y deberán ser aplicadas por las Provincias y Municipios a través de la autoridad de aplicación en materia de comercio y de defensa del consumidor”.

Derecho a circular libremente

El estudio jurídico antes mencionado también hizo hincapié en el derecho a circular libremente por el territorio nacional, el cual solo puede ser restringido para “protección de salud pública solamente por el Gobierno Nacional”. “Así lo establece la Constitución Nacional (art. 14) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12), siendo los gobernadores de provincia agentes naturales para hacer cumplir esa ley (art. 128)”, indicaron.
Por último, desde el estudio jurídico Gómez Lozano, Pezzola y Tomasini enfatizaron que “la norma vigente que regula el aislamiento obligatorio y la restricción de circulación es el Decreto 297/2020, por lo que el gobierno provincial solo puede dictar normas operativas para ejecutar la medida, debiendo abstenerse de aumentar los niveles de restricción y menos aún a través de resoluciones ministeriales que no aparecen publicadas en el boletín oficial”.