La jueza Mirta Moreno dispuso este lunes la derogación de todas las resoluciones que emitió el ministro Federico Massoni para el cumplimiento del aislamiento obligatorio, al quedar en evidencia que en Chubut se propiciaron detenciones arbitrarias so pretexto de la cuarentena. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus colectivo y preventivo “para solicitar de manera urgente la intervención judicial a los fines que se ordene al gobierno de la provincia de Chubut adecuarse a las normas nacionales y abstenerse de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos”, y finalmente así ocurrió. Una de las normas más cuestionadas es el virtual toque de queda que se dispuso a partir del 24 de marzo desde las 19.30 de todos los días, así como la prohibición de circular entre ciudades y de viajar más de dos personas en un vehículo.
En un intento por morigerar la acusación, Massoni se presentó este lunes junto al ministro Grazzini ante la jueza -por videoconferencia- a fin de anticipar que desde el Ejecutivo se estaba redactando un Decreto que adhería en todos sus términos a las medidas nacionales y echando por tierra las resoluciones provinciales.
El plan de contención de Massoni no fue suficiente, ya que la jueza determinó que hasta tanto tuviera el DNU en cuestión, se disponía la inmediata derogación de todas las resoluciones provinciales y por tanto la aplicación de los protocolos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
De este modo, Massoni y por ende Arcioni, quedaron inhabilitados para deslizar en el nuevo decreto algunas de sus cuestionables prácticas respecto de la detención de personas en espacios no habilitados por la ley y el sometimiento a vejaciones a ciudadanos de Chubut que han intentado circular en el marco de las normas establecidas por el Gobierno Nacional en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, los que, de acuerdo a los fundamentos del habeas corpus colectivo, estaban siendo cercenados.

Massoni tuvo que claudicar

El primer indicio lo dio el gobernador Arcioni, en la conferencia del Comité de Crisis al anticipar que emitiría un DNU para ordenar las resoluciones que se habían adoptado en la provincia y así estar en sintonía con las medidas nacionales. En realidad se trató de una mascarada para ocultar que estaban adhiriendo a los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Nación para evitar el bochorno de tener un Ministro de la cartera provincial acusado de abuso de autoridad.
Aun así, y después de la orden judicial de la jueza Moreno de derogar las resoluciones provinciales, el DNU emitido por el Ejecutivo de Chubut, no deja claramente establecido que está en consonancia con las medidas nacionales en materia de circulación. Una vez más la redacción es tan ambigua que, bien es razonable señalar que, bien hizo la jueza en derogar las resoluciones provinciales porque las libertades individuales de las personas hubieran seguido en riesgo, por libres interpretaciones de la norma provincial.

Quedarse en casa

La doctora Mirta del Valle Moreno aseguró este lunes que la resolución judicial que tomó respecto a los habeas corpus presentados por organismos nacionales y provinciales no modifica en nada el cumplimiento que deben guardar los ciudadanos sobre el aislamiento preventivo y obligatorio dictado por el gobierno nacional.
“La regla básica es que debemos permanecer en nuestras casas porque hay un riesgo mayor, que es la posibilidad de contraer un virus y la única forma de prevención y control es evitar el aglomeramiento; para eso hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que es el 297 y sus modificatorios en cuanto a la ampliación de plazos legales sobre la obligación de permanecer en aislamiento”, dijo la jueza.
Sobre el planteo, indicó que tanto el Habeas Corpus presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como por la Defensa Pública provincial y organizaciones locales, “cuestionaron la forma en la cual se venía llevando adelante el control del aislamiento, lo que atacaba era la razonabilidad del proceder policial y no la vigilancia del cumplimiento del aislamiento en sí”, analizó.
“Resolvimos preventivamente el cese inmediato de todas aquellas disposiciones que imponían limitaciones excesivas o estaban por encima de lo dispuesto por Nación”, indicó al tiempo que estableció el cumplimiento del protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece lo que puede o no, hacer la policía.
Así, la Justicia puso coto a las prácticas excesivas del ministro Massoni, avaladas por el gobernador Arcioni, que, ante este nuevo escenario, podrían derivar en un sinnúmero de denuncias en el fuero penal por excesos, abusos y violencia policial propiciadas por el poder político que ejerce el Ejecutivo.