En horas del mediodía del jueves hubo una reunión cumbre de cara a las medidas que se están implementando a nivel nacional para hacer frente a la propagación del Coronavirus. Lo que sucedió fue que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se reunió en la sede de la cartera sanitaria con los representantes de la medicina privada. El objetivo de esta cumbre era dialogar sobre la posibilidad de que los recursos sanitarios del sector privado sean declarados de interés público.
En la continuidad de su postura, los representantes del área le dejaron en clara su postura ayer al ministro, quien tuvo que revertir su postura. De esta manera, al menos por el momento, el Poder Ejecutivo nacional no catalogará a los insumos de la salud privada como bienes de utilidad pública.
Vale remarcar que el encuentro celebrado en la víspera fue luego de ciertos cortocircuitos que se dieron durante las últimas horas entre ambas partes. Debido a esto, desde la Casa Rosada se intentó lograr un consenso, acordando con las empresas del sector un decreto que caracterizará como de interés público todos los servicios sanitarios del país, aunque esto finalmente no prosperó.

Intento fallido de redimirse

Así, el ministro de Salud intentó, sin éxito, redimirse ayer de las repercusiones negativas que tuvieron sus declaraciones dentro de la medicina privada. Vale recordar que el miércoles Gonález García había dicho: “Estoy propiciando, y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todos los recursos sanitarios de la Argentina. Podrá ser estatal o privado pero creemos que tenemos que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos. Creemos que cada jurisdicción tiene que trabajar coordinadamente y así lo expresamos de manera tal que esto se regule y se administre por jurisdicción en la Argentina”.
Estas declaraciones, las cuales se dieron en el marco de una reunión virtual con los diputados que integran la comisión de Salud de la Cámara baja, no fueron bien recibidas dentro de la medicina privada.
En tanto que desde el Gobierno reconocieron que el proyecto debió ser discutido “antes de lanzarlo” de manera pública para evitar críticas, lo que motivó a la reunión de ayer en el Ministerio de Salud. No obstante, antes de la cumbre desde el Poder Ejecutivo siguieron defendiendo la intención de la medida, que intenta “tener el control de todos los recursos en tiempos de emergencia”.

Detalles de la cumbre

Puntualmente, la reunión celebrada en el Ministerio de Salud de la Nación se realizó entre las autoridades de dicha cartera con los representantes de los sanatorios y clínicas privadas nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP), la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA), la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) y la Cámara de Entidades Prestadores de Salud (Cepsal), incluyendo las obras sociales sindicales.
En dicha oportunidad González García les confirmó a los presentes que no habrá DNU para disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado, que el Ministerio de Salud seguirá actuando como autoridad sanitaria nacional, pero la distribución se realizará por distrito. Es decir, no habrá centralización nacional, lo que provocaría un fenomenal embudo burocrático a la hora de dar respuesta a las demandas en medio de la emergencia.