Esta semana apareció una nota que se habría originado en la Municipalidad de Puerto Pirámides, avalando que la empresa Sepat, cuyo titular era Diego Correa, construya una hostería de lujo en la localidad. El pedido fue ventilado por uno de los fiscales de la Unidad Anticorrupción en la última audiencia de la causa “Embrujo”, donde se analizó la situación de Daniela Souza, una de las detenidas por el hecho que se investiga, como parte de la asociación ilícita que aparentemente lideraba Correa.
En la audiencia, el fiscal Omar Rodríguez exhibió un croquis del emprendimiento turístico de lujo que pretendía hacer la empresa “Sepat” en Puerto Pirámides y advirtió que esa iniciativa había sido avalada por la municipalidad en la persona de su intendente, Eduardo Javier Roldán.
Días pasados el jefe comunal había negado tal pedido ante la requisitoria de la prensa, y tras conocerse el documento, fue indagado nuevamente y esta vez, ante la prueba irrefutable de que la nota que se exhibía llevaba el logo de la Municipalidad de Puerto Pirámides, Roldán titubeó pero finalmente se arriesgó a negar públicamente que se tratare de su firma la que estaba estampada en el documento. Esta situación podría traer aparejado otra causa judicial paralela, en este caso por presunta falsificación de firma y adulteración de documento público, ya que la documentación lleva el sello y logo oficial de la municipalidad.

Bajo sospecha

Días pasados, el intendente de Puerto Pirámides, Javier Roldán, en diálogo con la emisora Radio Chubut, negó que haya avalado un proyecto de emprendimiento turístico de lujo del ex subsecretario de la Unidad Gobernador, Diego Correa, detenido por la causa Embrujo.
De acuerdo a esa investigación, Correa y su grupo de confianza constituyeron una asociación ilícita para favorecerse con fondos públicos a través de obras en una clara incompatibilidad en el ejercicio del poder que le confería la proximidad al entonces gobernador Mario Das Neves.
Roldán negó que haya firmado una nota destinada al Instituto Autárquico de Colonización que lidera Máximo Pérez Catán, aunque aclaró que se comunicó con este último quien le informó que existía un pedido escrito de “apenas tres renglones”.
Consultado si se trataba de una nota firmada por él como intendente pidiendo que la obra se haga, Roldán entre titubeos dijo que no, aunque le gustaría verla porque no tomó contacto con esa causa. El Jefe comunal tomó distancia del asunto, remarcando que en todo sería un problema para el IAC, que es el propietario de los lotes donde supuestamente se haría el emprendimiento y que ellos no tomaron contacto porque intervienen únicamente para aprobar el uso del suelo, pero no tienen injerencia sobre la propiedad.
Sin embargo, la documentación coloca a Roldán bajo la lupa, porque si efectivamente se comprueba que se trata de su firma, habría incurrido en una acción cuestionable por el rol que le compete como titular del Municipio.

Investigado

No es la primera vez que Roldán está bajo sospecha de un ilícito en el ejercicio de la función pública. En mayo pasado, se conoció una investigación por presuntos sobreprecios en Puerto Pirámides. La compra de tableros para el sistema de cloacas en 2016, estuvo bajo la lupa, cuando tanto funcionarios municipales que cumplían tareas en distintas áreas, entre ellas Ambiente, advirtieron supuestas irregularidades dado que una de las ofertas, presentada por la empresa Electromecánica Sur, por el monto de 230 mil pesos, finalmente fue desestimada y el Municipio avanzó en la compra de los tableros por un total de 447.895,96 pesos a través de una contratación directa a la empresa Electrocity (Mueblesur S.A.), con sede en Trelew. http://www.eldiariodemadryn.com/2018/05/el-intendente-de-piramides-habria-sido-advertido-por-sobreprecios/
Enriquecimiento

De acuerdo a las expresiones de los fiscales, en las diversas causas se ampliará la imputación a los detenidos ya que encontraron documentación que constata otros delitos. También se analiza imputar a algunos de los ya encarcelados por lavado de activos por los terrenos comprados en la cordillera, que se adquieren a nombre de Sepat en una fecha próxima a la constitución. En la primera semana de setiembre vence el plazo de seis meses para investigar y el plazo de las prisiones preventivas.